El drama de Marisa Martín Blázquez con su inquiokupa: «Un coche estupendo y relojes buenos»

La periodista Marisa Martín Blázquez atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida tras denunciar la situación que mantiene con el inquilino de una vivienda de su propiedad en Torrelodones. Según relata, el arrendatario dejó de abonar la renta en 2023 y, tras múltiples intentos fallidos de acuerdo, el conflicto ha terminado en los tribunales.

Acompañada por su marido, el conocido Antonio Montero, Marisa ha decidido hacer pública su experiencia para visibilizar lo que considera una problemática creciente que afecta a numerosos pequeños propietarios. Ambos ofrecieron nuevos detalles hace unos días en Sevilla, durante la presentación de la nueva colección de moda flamenca de Raquel Bollo.

La protagonista de nuestra noticia distingue entre la okupación y la figura del «inquiokupa», un fenómeno que, asegura, resulta especialmente complejo: inquilinos que comienzan pagando pero que, en un momento determinado, dejan de hacerlo y se amparan en los procedimientos legales para retrasar el desalojo.

«Es un tema delicado», explica con total naturalidad. “Yo adquiero una vivienda, pago todos mis impuestos cuando la compro, sigo pagando el IBI, la comunidad, los suministros… pago de todo. También pago impuestos para que el Gobierno destine parte a vivienda social y cubra a la gente vulnerable, porque sé que la vivienda es un derecho fundamental».

Sin embargo, sostiene que su caso no responde a un supuesto de vulnerabilidad: «Mis inquiokupas ni siquiera son vulnerables». Y añade que tienen «un coche estupendo y relojes buenos».

El problema de Marisa Martín Blázquez

La periodista ha expresado su malestar por lo que considera una transferencia de responsabilidades desde las administraciones públicas hacia los propietarios particulares. «No soy la responsable de sostener a gente vulnerable y menos a los no vulnerables, como es mi caso», afirma con rotundidad.

Su reflexión va más allá del perjuicio económico. Según explica, la imposibilidad de disponer del inmueble afecta a sus planes familiares: «A lo mejor ahora necesito esa casa para mi hija y no puedo tenerla porque hay una persona viviendo allí que dice que no sale y además no me paga, mientras yo sigo abonando todos los impuestos directos e indirectos».

El juicio por la demanda presentada está señalado para el 2 de marzo. Marisa Martín Blázquez reconoce que afronta la cita con incertidumbre: «Espero que salga bien, pero tal y como están las cosas, no lo sé. Rezaremos para que todo se resuelva».

¿Qué piensa Antonio Motero?

Por su parte, Antonio Montero ha desvelado que la deuda acumulada supera los 24.000 euros, pese a que en un primer momento se habló de 18.000. «Es una pasta», recalca. El periodista también asegura que se enteraron por la prensa de la supuesta intención del inquilino de abandonar la vivienda el 1 de mayo. «No teníamos ni idea. Se lo he dicho antes a un redactor que se ha presentado allí que a nosotros».

Montero ha manifestado su frustración por lo que considera una falta de respaldo institucional a los pequeños propietarios. «Somos currantes y nos parece una vergüenza y una falta de respeto que no se proteja algo por lo que se cobra. Nosotros llevamos toda la vida pagando y cumpliendo», afirmó.

Y antes de terminar subraya que además no tienen grandes fortunas que les permitan sostener este tipo de situaciones: «No somos multipropietarios. Lo que tenemos lo hemos ganado con nuestro sacrificio». Ha hablado muy claro para que nadie se confunda, pues no quiere que el público crea que tanto él como su mujer van sobrados de dinero por trabajar en la pequeña pantalla.

El problema de la inquiokupación

El periodista ha desvelado que no es la primera vez que el inmueble sufre una situación similar. Hace años, otro inquilino permaneció tres años sin pagar y dejó la vivienda en condiciones insalubres. «La nevera estaba podrida por dentro, los techos negros del tabaco… tuvimos que tirarlo todo y contratar una empresa de limpieza. Ni siquiera pudimos hacerlo nosotros», recuerda.

Este historial ha llevado a Montero a plantear una decisión drástica: vender la propiedad. «Yo si tuviera ese piso lo vendería y no volvería a comprar uno en mi vida», sentencia, aludiendo al desgaste económico y personal que, asegura, conlleva el alquiler.

El caso de Marisa Martín Blázquez y su marido reabre el debate sobre el equilibrio entre el derecho a la vivienda y la protección jurídica de los propietarios. Mientras la legislación busca salvaguardar a los colectivos vulnerables, situaciones como la descrita por la periodista ponen de relieve las tensiones existentes en el mercado del alquiler.

A la espera del juicio, la resolución del conflicto marcará no solo el futuro de la vivienda de Torrelodones, sino también el desenlace de una batalla que, según sus protagonistas, simboliza el desamparo de muchos propietarios ante un problema cada vez más visible.