Sánchez vuelve a enfrentarse a Europa: se opone a ampliar y acelerar las inversiones eléctricas

El Gobierno español se enfrenta de nuevo a Bruselas pese a su reciente derrota sobre los coches de combustión, a los que Europa ha permitido su comercialización con límites más allá de 2035, y las políticas de vivienda. Ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está poniendo trabas al paquete de medidas propuesto por Bruselas que suaviza la burocracia para que los gobiernos tarden menos tiempo en dar su visto bueno a las inversiones eléctricas, lo que ha vuelto a encender a las energéticas. «El Gobierno electrificador no solo pone trabas a la inversión en redes eléctricas, también a su construcción y modernización», señalan fuentes del sector.

Desde Europa están decididos a mejorar las actuales redes eléctricas del continente, las conexiones internacionales y a que se aceleren las inversiones eléctricas para evitar apagones y hacer frente a la demanda futura. La Comisión ha propuesto un paquete de medidas que tiene por objeto principal simplificar los procedimientos de autorización para proyectos de redes eléctricas de transporte y distribución.

El punto del conflicto tiene que ver con el permitting, es decir, la cantidad de permisos necesarios para que los gobiernos den luz verde definitiva a las inversiones eléctricas. El Gobierno de Sánchez «tiene dudas» sobre el concepto de interés público superior de las redes eléctricas.

La propuesta europea reconoce en los permisos de planificación, construcción y operación de redes eléctricas -tanto de transporte como de distribución- la presunción de interés público superior en las evaluaciones medioambientales. Esta presunción implica una evaluación simplificada de los proyectos, facilitando así su autorización ambiental si no se observan efectos negativos que no puedan mitigarse ni compensarse.

De esta forma, en cualquier evaluación administrativa o posible recurso relativo al impacto ambiental que se interponga contra estos proyectos para ampliar o mejorar las redes eléctricas, primará ese interés público superior que tienen las redes.

Además, la propuesta europea incluye otras medidas para facilitar y acelerar inversiones en redes eléctricas. Por ejemplo, un plazo máximo de dos años -ampliable a tres por circunstancias extraordinarias- que cubra todas las etapas del procedimiento administrativo para autorizar estas inversiones.

Se establece también un silencio administrativo positivo, la digitalización de los procedimientos, la puesta a disposición de recursos suficientes por las administraciones públicas y evaluaciones simplificadas para la renovación de las redes.

El Ministerio de Transición Ecológica ha mostrado sus reticencias a estos aspectos en las reuniones sobre este tema en Bruselas. Un alto cargo del Ministerio ha defendido en la reunión de este lunes en el Consejo Europeo que «sobre la aceleración del permitting, vemos con mucha cautela medidas que puedan percibirse como una reducción de las garantías ambientales, creemos que tenemos que seguir con un marco ambiental garantista».

Fuentes del sector señalan que es «otra prueba más del aislacionismo» del Gobierno español. Se trata de otro golpe para las energéticas, que ya han advertido en reiteradas ocasiones que el 83% de las redes eléctricas están saturadas y son urgentes las inversiones eléctricas para garantizar el suministro y no perder proyectos internacionales.

Desde la patronal Aelec han advertido en numerosas ocasiones que se han perdido cientos de millones de euros en inversiones por falta de garantías a la hora de enchufarlos a la red eléctrica.

Y, ahora, está encima de la mesa, además, la retribución a las inversiones. La propuesta de la CNMC es inferior a la que quiere el sector y el propio Gobierno. Este martes se ha conocido que Portugal va a retribuir las inversiones en redes eléctricas más que España.