De prometer un 300% a ofrecer sólo un 30%: el desplome que indigna a los afectados de FWU

La tormenta que rodea a FWU Life Insurance Lux y a la comercializadora OVB Allfinanz no deja de crecer. A la avalancha de demandas que ya se ciernen sobre los juzgados españoles, ahora se suma un nuevo capítulo que amenaza con dinamitar la confianza de miles de ahorradores: lo que en su día se prometió como un producto capaz de generar hasta un 300% de rentabilidad a largo plazo, se ha transformado en una oferta raquítica que apenas alcanza el 40%. Y en los peores casos, el 30%. Una diferencia abismal que explica la indignación y la sensación de estafa entre quienes confiaron en estos productos unit-linked.

De las promesas al desplome hasta el 30%

Según la documentación y los testimonios a los que ha tenido acceso OKDIARIO, el esquema comercial utilizado para vender los PIAS de FWU (Planes Individuales de Ahorro Sistemático) se apoyaba en un argumento muy claro: estabilidad, horizonte a largo plazo y una revalorización espectacular al final del contrato. En este sentido, se hablaba abiertamente de rentabilidades cercanas al 300%, siempre y cuando el cliente se comprometiera a mantener su inversión durante periodos de 25, 30 o incluso 40 años.

El gancho era irresistible para pequeños y medianos ahorradores que buscaban un complemento a su futura pensión. Sin embargo, la letra pequeña escondía trampas considerables. Las comisiones devoraban hasta un 70% de las aportaciones durante los primeros años. Ese lastre inicial solo empezaba a equilibrarse cuando el contrato llegaba al ecuador de su vida. En la práctica, el capital invertido no empezaba a recuperarse hasta pasados los 15 años.

Ahora, tras la quiebra de FWU en Luxemburgo y el bloqueo de sus sistemas desde enero de 2025, la situación de los afectados es desesperante. A quienes esperaban multiplicar su dinero, se les ofrece como “solución” recuperar apenas un 30% de sus ahorros. En el mejor de los casos, algunos clientes alcanzan el 50%. Muy lejos del 300% prometido que se utilizó como reclamo comercial.

El golpe no es menor. Según datos del Alto Tribunal de Luxemburgo, más de 250.000 europeos estarían atrapados en esta maraña de productos unit-linked, de los cuales al menos 40.000 corresponden a España. El perfil de los afectados es el de familias de clase media que confiaron en la promesa de un ahorro seguro y que ahora se encuentran con que sus aportaciones, en lugar de crecer, se han esfumado en comisiones y productos de riesgo.

“Cada semana recibimos decenas de llamadas de nuevos afectados que se sienten engañados y quieren, al menos, recuperar lo aportado a sus pólizas PIAS. El patrón se repite: contratos firmados sin explicarles los riesgos reales ni las altísimas comisiones”, explica Serafín Serrano, policía y asesor legal de Asoban Abogados, el despacho que encabeza el mayor número de demandas de afectados en todo el país.

Afectados, demandas y la vía judicial

La indignación crece porque la gran mayoría asegura no haber sido informada de la verdadera naturaleza de lo que contrataban. OVB Allfinanz, distribuidora de estos productos en España, los presentaba como simples planes de ahorro, sin destacar que en realidad se trataba de seguros vinculados a fondos de inversión de alto riesgo, muchos de ellos en mercados emergentes.

El despacho Asoban Abogados es tajante: “La vía judicial es la única que garantiza al afectado recuperar el 100% de sus aportaciones, más intereses”. El argumento jurídico se centra en el “vicio en el consentimiento”: los contratos fueron firmados sin que los clientes tuvieran un conocimiento claro y veraz de lo que realmente estaban contratando, y en la ausencia del “test de idoneidad”, preceptivo para este tipo de productos de riesgo.

La jurisprudencia reciente juega a favor. En septiembre de 2024, la Audiencia Provincial de Madrid anuló contratos similares precisamente por falta de información y transparencia. “Esa sentencia abre la puerta a una cascada de reclamaciones que los afectados no deberían desaprovechar”, insiste Serrano a este periódico.

Mientras tanto, OVB Allfinanz trata de frenar el tsunami de demandas con nuevas propuestas: reinvertir lo poco recuperado en otros PIAS o seguros. Una estrategia que, lejos de tranquilizar, está siendo recibida como un intento de maquillar la situación y evitar responsabilidades. “Que nadie se deje tentar por estas nuevas ofertas: son maniobras para ganar tiempo y reducir el número de demandas. El afectado debe reclamar todo lo invertido por la vía legal y, en todo caso, valorar su situación concreta y consultar con un profesional externo a la comercializadora”, advierte.

La firma recalca además un punto fundamental: “No se trata solo de una cuestión económica, sino del derecho que los afectados tienen como consumidores. Nadie puede (ni debe) firmar un contrato sin una información clara y completa sobre el mismo. Esa falta de transparencia convierte estos contratos en anulables, y eso permite tratar de recuperar buena parte de los ahorros de nuestros clientes”.

El caso OVB-FWU amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos financieros recientes para los pequeños inversores. Miles de familias españolas se enfrentan hoy a la pérdida de buena parte de sus ahorros, tras haber confiado en una comercializadora que —según denuncian ahora— sólo les ofreció la parte amable del producto, sin explicarles la realidad de lo que estaban contratando.

La quiebra de FWU en Luxemburgo añade, además, un factor de incertidumbre internacional. Con más de 250.000 afectados en Europa, la presión sobre Bruselas aumenta para que actúe y garantice un mínimo de protección. Pero, mientras tanto, los abogados insisten en que el camino más eficaz sigue siendo la acción judicial en España contra OVB Allfinanz.

En palabras de Asoban: “El afectado que reclame puede recuperar el 100%. El que se conforme con lo que le ofrece la aseguradora, perderá gran parte de su dinero. La diferencia es abismal, y el tiempo juega en contra de quien no actúe”.

Lo que debía ser una oportunidad de ahorro seguro se ha transformado en uno de los mayores desastres financieros recientes. A los afectados se les prometió multiplicar por tres su inversión; hoy, apenas se les ofrece recuperar un tercio. El 40% frente al 300% es la cifra que sintetiza un escándalo que amenaza con arrasar la credibilidad de todo un sector.

El mensaje final de los letrados es inequívoco: “Reclamar no es solo posible, es necesario para poder recuperar lo máximo invertido. Cada contrato puede anularse y cada euro aportado puede reclamarse y recuperarse”, apuntala Serrano.