La morosidad aumenta para el 20% de las pequeñas empresas en el último año
El segundo año de pandemia, con sus correspondientes cierres y restricciones, deja consigo un aumento de la morosidad para el 20% de las pequeñas empresas españolas en el actual contexto económico, un «grave» problema que puede provocar el cierre de la compañía en un 2% de los casos o una situación de insolvencia en el 5%, según el Barómetro sobre Morosidad de Cepyme.
Otra de las conclusiones del documento, realizado entre los meses de enero y marzo y publicado este mismo lunes, es que el 75% de las empresas mantiene la morosidad «prácticamente igual» que el año anterior y sólo el 6% de ellas percibe un descenso. En el caso de la morosidad por parte de las administraciones públicas, para el 40% de las sociedades se ha mantenido en los últimos doce meses, un 10% cree que es más alta y sólo un 4% que se ha reducido.
Las consecuencias de este aumento de la morosidad -que según la patronal de las pymes se debe a la desaceleración de la recuperación y las secuelas que dejó en las empresas la pandemia de coronavirus- son múltiples: el 4% de las empresas se han visto obligadas a reducir su plantilla, mientras que el 10% tendrá una mayor necesidad de financiación. Además, el 12% augura una pérdida de clientes y el 30% una reducción en sus márgenes, señala el Barómetro de Cepyme, elaborado tras recoger la opinión y situación de unas 650 empresas.
«La morosidad se mantiene estable, en tasas muy elevadas, y sigue siendo un grave problema para las empresas, que pone en riesgo su liquidez y compromete su viabilidad, en especial para las de menor dimensión», apunta Cepyme.
El nivel de deuda comercial con retraso de pago se incrementó un 17,3% en el tercer trimestre de 2021, hasta los 280.000 millones de euros, lo que demuestra que «el monto total de deuda entre empresas con morosidad continúa incrementándose de forma preocupante». Esta morosidad tiene un coste para las empresas, que aumentó casi un 16% en tasa interanual, hasta los 1.411 millones de euros en el tercer trimestre, una cifra que «llama la atención» porque supera los costes de otros ejercicios con tipos de interés «bastante más bajos».
«La demora en el pago de facturas incide especialmente en las empresas de menor tamaño, que tienen mayores dificultades de acceso al crédito y que sufren más especialmente la morosidad al ser proveedores, en muchas ocasiones, de otras compañías con mayor tamaño», sostiene desde la patronal.
Aumenta el periodo medio de pago
En el cuarto trimestre de 2021 las grandes empresas registraron el mayor incremento de su periodo medio de pago, con 5,3 días más, hasta un total de 73,9 días de demora. Pese a ello, Cepyme señala que las grandes empresas son las que menos tiempo tardan en pagar por su mayor capacidad de negociación con sus proveedores y su mayor facilidad para acceder al crédito.
Por su parte, las microempresas elevaron en el cuarto trimestre de 2021 el periodo medio de pago en 2,4 días en relación al mismo periodo de 2020, hasta los 78,4 días. Por el contrario, las pequeñas empresas lo redujeron, con 82,1 días frente a los 83,6 días del mismo período de 2020, en tanto que las medianas empresas pasaron de 84,1 días en el cuarto trimestre de 2020 a 82,2 días en el mismo período de 2021, casi dos días menos.
La construcción y promoción inmobiliaria, junto con el sector textil, se mantienen como las actividades con mayores retrasos en el pago, alcanzando los 97,7 y 89,5 días de periodos medios de pago, respectivamente. Por el contrario, los sectores de distribución alimenticia y químico se consolidan como las actividades con menores retrasos en sus pagos, con 68,3 y 77,4 días, respectivamente.
Por comunidades, Murcia presenta el mayor período medio de pago, con un total de 93,3 días. Es, además, la única comunidad autónoma que supera la barrera de los 90 días de pago pese a que el cuarto trimestre registró un descenso de 2,3 días respecto al trimestre anterior. Las comunidades autónomas que registraron un mayor incremento interanual de la morosidad empresarial fueron Aragón (3,2 días), La Rioja (2,8 días) y Castilla y León (1,7 días). Aragón (67,7 días), Cantabria (71,9 días) y Cataluña (73,3 días) presentan los periodos medios de pago más bajos, aunque en todos los casos por encima de los 60 días que establece la ley.