San Cibrao (Lugo)

Liberty exige quedarse la planta de alúmina para comprar la de aluminio de Alcoa a través de la SEPI

Liberty exige quedarse la planta de alúmina para comprar la de aluminio de Alcoa a través de la SEPI
Un trabajador de Alcoa echa gasolina al símbolo corporativo de Alcoa.
Eduardo Segovia
  • Eduardo Segovia
  • Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.

Alcoa ha vuelto a la casilla de salida después de que la Justicia tumbara el ERE de los 500 trabajadores de su planta de aluminio en San Cibrao (Lugo). Tras esta sentencia, ha aceptado volver a negociar con la SEPI la venta de la planta, y la sociedad pública la compraría para revenderla al conglomerado GFG (Liberty).

Ahora bien, este último solo está dispuesto a quedarse la fábrica si Alcoa también le vende la de alúmina -la materia prima con la que se hace el aluminio, que también se refina en una planta anexa en San Cibrao-, que la empresa norteamericana pretende conservar porque esta instalación sí es rentable.

Así lo aseguran fuentes conocedoras de la situación, que añaden que la opción de negociar un contrato de suministro de alúmina durante un número de años ya no está sobre la mesa; únicamente, la compra de las dos plantas.

El verano pasado, GFG negoció la compra de la planta de aluminio pero no se llegó a un acuerdo porque al conglomerado metalúrgico planteó unas duras condiciones que Alcoa no aceptó: GFG pedía  170 millones para cubrir posibles costes cuando Alcoa estaba dispuesta a asumir solo 60 millones; asimismo, Alcoa ofrecía garantizar a Liberty el suministro de alúmina durante 5 años, mientras que el comprador pedía 20.

Según las fuentes citadas, ya entonces GFG planteó inicialmente la compra de la planta de alúmina, y fue la negativa de Alcoa a venderla lo que le llevó a tratar de negociar el contrato de suministro de la materia prima. Entonces, la fabricante de aluminio con sede en Pittsburgh (Pensilvania) rechazó la venta de esta planta por dos razones: la primera es que, a diferencia de la de aluminio (que perdía 38 millones de euros hasta septiembre), la de alúmina es rentable; la segunda es que vender todo el complejo a GFG fortalecía a uno de sus mayores competidores mundiales en la producción de aluminio.

Este último argumento resulta «ridículo» para GFG, siempre según las fuentes, porque este conglomerado ya es un potente competidor con o sin las instalaciones gallegas, y porque Alcoa tiene plantas de sobra para cubrir la producción que perdería con su venta; en especial, un gigantesco complejo que ha construido en Arabia Saudí.

La presión se incrementa sobre Alcoa

Pero ahora, con la sentencia que anula el ERE (y que obliga a Alcoa a mantener operativas las instalaciones y, por tanto, a seguir perdiendo dinero), GFG cree que la compañía estadounidense se verá más presionada para aceptar la venta de la planta de alúmina que rechazó en verano. Una presión que también está ejerciendo el Gobierno, ya que la operación se instrumentará mediante la venta a la SEPI, que a su vez revendería las instalaciones a Liberty (lo que se conoce como ‘back to back’).

El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene otras armas en su mano para doblegar la voluntad de Alcoa, como los costes medioambientales que implica el cierre de la planta, o la exigencia de devolución de las subvenciones recibidas por Alcoa al no cumplir su compromiso de mantenimiento del empleo. La amenaza definitiva sería la expropiación de la planta, pero es muy complicada de llevar a efecto, como pasó con la fábrica de Nissan en Barcelona (el Gobierno también amenazó a la compañía japonesa con expropiar la factoría si la cerraba).

El precio de la luz apenas ha bajado

Además, Alcoa sigue teniendo el gran problema que ha provocado sus pérdidas y su decisión de cerrar la planta de aluminio: el elevado precio de la electricidad en España, ya que la producción de aluminio requiere gran cantidad de esta energía. El Gobierno aprobó por fin en diciembre el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que se suponía que iba a rebajar la factura para los grandes consumidores. Sin embargo, la norma ha sido una gran decepción para estas industrias, que aseguran que apenas reduce sus costes energéticos.

Por el contrario, GFG ha tomado medidas para reducir su factura eléctrica si finalmente se hace con las plantas de Alcoa: ha cerrado un acuerdo con el grupo energético Ignis para asegurarse un suministro eléctrico barato y de origen renovable para dicha planta a partir de 2023, como informó OKDIARIO.

Ahora bien, Alcoa ya ha demostrado su capacidad para resistir a las presiones de las autoridades y se sus propios empleados, y ha dejado claro que no va a vender si las condiciones de la operación no son suficientemente satisfactorias. Y ahí tendrá que retratarse Liberty: hasta dónde está dispuesto a llegar para hacerse con las instalaciones de San Cibrao. La SEPI tendrá que interponer sus buenos oficios para lograr un acuerdo entre ambos.

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