La justicia tumba el ERE de Alcoa para 500 empleados por «mala fe»

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) ha decretado nulo el Expediente de Regulación de Empleo de la empresa de producción de aluminio Alcoa. El motivo de esta decisión es que ha apreciado «mala fe» por parte de la empresa en las negociaciones con los sindicatos, que precisamente fueron con su recurso los que judicializaron el caso después de presentar Alcoa su proyecto de despidos.

Con esta sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia tumba el despido de más de 500 trabajadores de la planta de aluminio de Alcoa San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo).

La fábrica gallega de Alcoa es la única de aluminio primario que queda en España pero la empresa ha argumentado grandes pérdidas para solicitar su cierre

La fábrica gallega de Alcoa es la única de aluminio primario que queda en España y ha sido el presidente de su comité de empresa, José Antonio Zan, quien ha dado a conocer a la prensa la resolución judicial, a la vez que ha celebrado que se hiciera «justicia» y ha anunciado que irán a celebrarlo a la fábrica.

Después de las dos vistas celebradas en el alto tribunal gallego, la primera para evaluar las medidas cautelares solicitadas por la parte social y la segunda por la demanda del proceso de despido colectivo, los trabajadores de Alcoa estaban a la espera de una decisión que aclarase su futuro.

Segundo golpe

Se trata del segundo golpe en términos judiciales para Alcoa, dado que el tribunal gallego ha estimado también las medidas cautelares solicitadas por los sindicatos, que son los demandantes en el proceso -CCOO, CIG y UGT- y decidió que Alcoa  no pudiera parar las cubas de electrolisis, ya que se argumentaba que si se hacía poner en marcha luego la planta sería mucho más difícil.

Los más de 500 empleados de Alcoa en Lugo han celebrado con gran jolgorio la decisión judicial tras la cual la planta no cerrará y seguramente tendrá que adjudicarse a otros propietarios

Esta prohibición, la de desmontar las cubas de electrolisis, está vigente por parte del Tribunal Superior de Justicia de Galicia desde hace meses y ahora se consolida y reafirma al haber sentencia sobre el despido colectivo decretado nulo.

Los empleados argumentaban a través de sus sindicatos que la reincoporación a sus puestos de trabajo sería imposible si tenían las cubas apagadas.

Coste de 12 millones

Tal y como informó este periódico, las medidas cautelares decretadas por el TSJ de Galicia le han costado a Alcoa 12 millones de euros sin ninguna generación de ingresos.

La parada de las cubas de electrólisis suponía de facto el cierre de planta puesto que su reinicio era un proceso muy complicado y costoso con el riesgo de que se rajaran

La parada de las cubas de electrólisis, en las que se produce el aluminio, implica de facto el cierre de la planta puesto que, aunque sobre el papel luego se pueden reiniciar, en la práctica es un proceso muy complicado y costoso, y con alto riesgo de que se rajen las citadas cubas. Para los trabajadores de la planta gallega, supone la esperanza de que la planta no se cierre definitivamente y que puedan conservar sus empleos.

Acceder a la venta

Con esta sentencia, ahora parece mucho más posible que Alcoa se abra a negociar la venta de la empresa a un inversor exterior, como le pedían
los Gobiernos central y autonómico, el comité de empresa y los sindicatos.

Previamente, Alcoa se negó a la venta a Liberty House y la Sepi, lo que supondría una nacionalización de la planta.

En caso contrario, la plantilla reclamaba la intervención pública.

Alcoa ha argumentado para cerrar la factoría gallega que acumula grandes pérdidas durante los últimos años, según sus cálculos ascendientes a un millón de euros a la semana

En la vista oral ante la justicia, la representación legal de Alcoa insistió en los argumentos que llevaron a la multinacional a plantearse tal situación, en concreto, en las pérdidas que acumula la planta de aluminio primario, que ascienden, según los cálculos presentados por Alcoa, a un millón de euros a la semana.

En este momento, la anulación del ERE planteado por la empresa supone un soplo de aire fresco para la plantilla, pero no, avisan, la solución al problema de fondo.

De hecho, la planta tendrá que enfrentarse ahora a un nuevo intento de adjudicación para que otro accionista pueda intentar ponerla en marcha y rentabilizarla, si bien acumula importantes costes fijos que ahcen difícil su rentabilidad.