El juez de Acuamed rechaza el recurso de la fiscal y archiva el caso contra el CEO de Acciona Infraestructuras

Manuel García Castellón, juez instructor del ‘caso Acuamed’ en la Audiencia Nacional, ha rechazado el recurso de la Fiscalía contra el archivo de la causa abierta al consejero delegado de Acciona Infraestructuras, Luis Castilla, según un auto del 8 de octubre al que ha tenido acceso este diario.

El nuevo archivo deja a Castilla a las puertas de la libertad total, ya que la fiscal apuntaba en su escrito a un último recurso ante la instancia superior en caso de ser rechazada su petición, algo que no hizo cuando el anterior juez instructor, Eloy Velasco, archivó en 2016 la causa contra el ex secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, y contra la directora general del Agua, Liliana Sandra.

El magistrado reitera los argumentos por los que decretó el sobreseimiento de la causa contra Castilla en el auto del 24 de agosto. García Castellón asegura que la fiscal no ha incorporado ningún indicio nuevo que no fuera ya analizado para decretar el archivo de la causa en agosto. El juez señaló en agosto que no había pruebas suficientes para mantener la acusación contra él directivo de la constructora de la familia Entrecanales.

Castilla estaba acusado de pactar con la dirección de Acuamed inflar los precios de la obra de la desaladora de Torrevieja, una de las que están siendo investigadas en la causa, a cambio de entradas de fútbol para la ex cúpula de la compañía. «El Ministerio Fiscal sostiene como fundamento de la incriminación del Sr. Luis Castilla sus reuniones con el Sr. Arcadio Mateo, quien fuera Director General de Acuamed, sin que de las actuaciones practicadas se pueda inferir que entre ellos se materializó un consorcio de voluntades encaminado a la ejecución fraudulenta de la planta desalinizadora, mediante la prolongación irregular de su ejecución», señaló en agosto el juez y ha reiterado ahora.

Fiscal: prematuro

En su recurso contra el archivo de la causa, fechado el 28 de agosto, la Fiscalía, que dirige en esta causa Inmaculada Violán, asegura que es un error sacar del caso a Castilla al entenderlo «prematuro» ya que todavía hay una prueba que se está realizando y que es «esencial».

Se trata de «la pericial sobre la realidad física de las obras, diligencia esencial para determinar el alcance del presunto fraude», dice la Fiscalía en el escrito. En efecto, ingenieros de la empresa pública Tragsa llevan meses realizando un peritaje sobre las obras que están bajo sospecha de corrupción para determinar el coste de cada infraestructura, algo imprescindible para establecer si se inflaron realmente los precios, cuánto se inflaron, y cuál es realmente la gravedad del supuesto delito.

Sin embargo, sorprende que la Fiscalía señale ahora que esa pericial es esencial, cuando ha tardado varios años en pedir ese peritaje y cuando ya varios imputados en el caso han estado semanas en la cárcel. «Si no se sabe el coste de las infraestructuras, ¿cómo sabe la Fiscalía que se inflaron los precios?», se preguntan fuentes de la defensa.

Las fiscales acusan a los directivos de Acuamed y de Acciona de ponerse de acuerdo para que la empresa pública pagara a la constructora una cantidad de dinero excesiva en sobrecostes. Sin embargo, Acciona defiende que se trata de una negociación normal dentro de este sector y que esa negociación sirvió para que Acuamed ahorrara dinero porque Acciona renunció a pedir más fondos.

Ahora, como ha ocurrido en otros casos, por ejemplo con la descontaminación del embalse de Flix que hizo FCC, el coste para las arcas públicas será mayor porque Acciona está dispuesta a ir a los tribunales para reclamar todos los sobrecostes de la obra de la desaladora de Torrevieja, ahora sin renunciar a nada.

Caso Acuamed

El llamado ‘caso Acuamed’ investiga a la ex cúpula de la firma y a varias constructoras del país por supuestamente inflar el precio de las obras a cambio de regalos. Poco a poco el caso se ha ido desinflando y dos de los tres denunciantes del caso -tres directivos de Acuamed- están ahora imputados por hacer supuestamente lo mismo que denunciaron: favorecer a empresas. Se trata de Azahara Peralta y Gracia Ballesteros, que siguen trabajando en la compañía.

El juez Eloy Velasco inició el caso en 2015 y fue utilizado por Pedro Sánchez, entonces en la oposición, para desgastar políticamente a Mariano Rajoy a cuenta de la corrupción.