El fiscal del ‘caso Acuamed’ pide tres años después que se periten las obras bajo sospecha de corrupción

Tres años después de iniciado el caso, el fiscal del ‘caso Acuamed’ -donde se investiga la adjudicación por esta empresa pública de obras infladas de precio presuntamente a cambio de sobornos- ha solicitado al juez Manuel García Castellón que dos peritos auditen las obras bajo sospecha de corrupción.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el magistrado de la Audiencia Nacional ha aceptado la petición, según el auto dictado por Castillón el pasado jueves día 12, y dos peritos nombrados por el Ministerio de Medio Ambiente y uno por parte de los acusados realizarán la auditoría de las obras.

Este peritaje se producirá por tanto tres años después de que el Ministerio Fiscal -16 de febrero de 2015- presentara una querella contra directivos de Acuamed y de varias constructoras acusados de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude y falsedad documental.

El valor de las obras es clave en el caso. La mecánica de la supuesta trama denunciada por la Guardia Civil y que investiga la Audiencia Nacional era que la cúpula de Acuamed aceptaba pagar sobreprecios de las obras que adjudicaba a cambio de sobornos de las constructoras.

Por esta razón, Arcadio Mateo, ex director general de Acuamed, y directivos de FCC procesados en el caso presentaron un escrito en marzo donde se oponían a la petición del fiscal -recurso denegado por el magistrado en citado auto del 12 de abril-.

El argumento de Mateo y de los ingenieros de FCC es sencillo: si no se conoce el precio ni el grado de ejecución de las obras supuestamente infladas, no se puede sostener como hace la acusación que se pagara un sobreprecio.

Escrito del fiscal

En su escrito -del 14 de diciembre de 2017- el ministerio Fiscal se refiere en concreto a la obra de la descontaminación del embalse de Flix, adjudicada a FCC por 155 millones en 2008. El fiscal defiende la necesidad de que el perito estudie la «adecuación o no de las obras al proyecto aprobado y si existen aspectos de la actuación que no se ajustan al proyecto vigente».

Para Mateo y los ingenieros de FCC, la petición del fiscal «evidencia que el Ministerio Fiscal no cuenta con ningún indicio que pueda sustentar una eventual acusación, o que los mismos son absolutamente insuficientes».

Ahondando en el hecho de que la instrucción del caso lleva tres años y se ha prorrogado dos veces -hasta el 6 de diciembre de 2018-, el magistrado responde en su auto que «el informe pericial se hace absolutamente imprescindible para determinar y esclarecer la realidad».