El ICO se lo toma con calma en Abengoa y obliga a aplazar el acuerdo para salvarla de la quiebra

La agonía de Abengoa para evitar la mayor quiebra de la historia de España se va a prolongar todavía más. Como adelantó OKDIARIO, su salvación depende de que el ICO acepte rubricar el plan de refinanciación acordado en agosto una vez que Banco Santander ha aceptado poner los 20 millones que se niega a aportar la Junta de Andalucía. Pero el organismo que depende de la ministra Nadia Calviño se lo va a tomar con calma y no tiene previsto tomar una decisión en las próximas semanas, lo que obliga a la enésima prórroga de la firma del acuerdo.

Tras no poderse alcanzar un acuerdo el 31 de diciembre, lo que fue el detonante de la dimisión del consejo de AbenewCo1 (la ‘nueva’ Abengoa a la que se han traspasado el negocio y los activos) encabezado por Gonzalo Urquijo, los acreedores y la empresa se dieron de plazo hasta este jueves. Pero la reticencia del ICO obligará a ampliar este plazo hasta el 1 de febrero y posiblemente más allá.

Fuentes cercanas al Ministerio de Asuntos Económicos sostienen que «el ICO no considera que el mundo se vaya a acabar esta semana para Abengoa, porque lleva acabándose cada 15 días desde agosto y ahí sigue». Añaden que el organismo público -que debe avalar el 70% de un préstamo de 203 millones ampliable a 230, según el plan de refinanciación- va a estudiar el tema con detenimiento en las próximas semanas para ver qué solución pueden acordar todas las partes ante el incumplimiento de la Junta de Andalucía.

Los acreedores, por su parte, no entienden estas reticencias. «Al ICO le debería dar igual que los 20 millones de liquidez los ponga la Junta o los ponga el Santander; la cuestión es que se pongan y se cumplan así las condiciones del plan. Y se hace responsable el Santander, que no es sospechoso de salirse del proceso como otros bancos [que hace años vendieron su deuda a fondos ‘buitre’] y que trabaja a diario con el ICO», señala una fuente de los mismos.

La ‘espantá’ de la Junta de Andalucía

Si en términos económicos es difícil de entender la actitud del Gobierno, hay que buscar la explicación en términos políticos: Andalucía está gobernada en coalición por PP y Ciudadanos. La participación de la Junta en la refinanciación de Abengoa fue una exigencia del ICO para conceder el aval, y el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno lo aceptó para facilitar la salvación del icono de la industria andaluza, que la semana pasada celebró su 80 aniversario.

Sin embargo, el Gobierno autonómico se apeó enseguida del plan con la justificación de que «no encontraba un encaje legal» para aportar el dinero, algo que se debe al endurecimiento de la legislación regional en materia de ayudas a empresas tras el caso de Isofotón (donde la Junta aportó 44,15 millones entre subvenciones, créditos y avales que no evitaron su quiebra) y con la sombra del escándalo de los ERE, el mayor caso de corrupción descubierto en España protagonizado por el anterior Gobierno del PSOE.

Más allá de cuestiones legales, fuentes conocedoras de la situación siempre han explicado que «Moreno quiere evitar que el día de mañana alguien le pueda llevar a los tribunales acusándole de malversación, prevaricación u otros delitos por haber rescatado con dinero público a una empresa que sabía que estaba quebrada». La gran pregunta sin respuesta es por qué, entonces, aceptó el plan que le obligaba a poner los 20 millones si no podía hacerlo.

Una vez que ha quedado claro que Andalucía va a incumplir su promesa, el ICO y, por extensión, el Ministerio de Asuntos Económicos se encuentra ante una difícil disyuntiva: quedarse solo como única administración que apoya a Abengoa o dejarla caer y forzar el concurso de acreedores si retira dicho respaldo. El Gobierno intentó una vía intermedia, que fue el traslado de la sede social de la compañía a Valencia, donde la Generalitat -con un muy cuestionable encaje jurídico- se mostró dispuesta a poner los 20 millones negados por Andalucía. Pero esta posibilidad también ha sido desechada.

El Gobierno no protegerá a los minoritarios

Lo que también parece descartado por el Gobierno es la propuesta del tercer representante consecutivo de los accionistas minoritarios de Abengoa S.A. -los dos anteriores han sido acusados de «traición»- para tratar de quedarse con el 38,75% de AbenewCo1 en vez del 2,7% que contempla el plan de reestructuración (y que probablemente se quede en el 0% porque la ‘vieja’ Abengoa cotizada, de la que son accionistas, casi con toda seguridad tendrá que presentar concurso porque las condiciones establecidas para su refinanciación son casi imposibles).

Los minoritarios agrupados en la plataforma Abengoashares ofrecen poner hasta 30 millones de nuevo capital en dos tramos, pero tanto los acreedores, como el Gobierno, como el propio consejo de la ‘vieja’ Abengoa nombrado por dicha plataforma consideran que la única vía para salvar la empresa es el plan de agosto. Y las fuentes consultadas afirman que la opinión del Ejecutivo es que este colectivo desgraciadamente ha sufrido el mismo destino que los accionistas de Bankia, Banco Popular o Pescanova, a quienes no se salvó con una refinanciación que incluyera dinero público.

Por otro lado, el citado consejo de Abengoa S.A. lleva desde el 12 de noviembre sin informar a la CNMV de los sucesivos aplazamientos de la fecha tope para cerrar la refinanciación, y tampoco ha nombrado un nuevo consejo en ‘nueva’ Abengoa (AbenewCo1) tras la dimisión del equipo de Urquijo, pese a que anunció que lo haría «de forma inmediata». Claro que también sigue sin formular las cuentas de 2019 -que el auditor PwC se negó a firmar- y sin presentar resultados trimestrales en la segunda mitad de 2020.