La falta de fondos obliga al Gobierno de Trump a llevar a cabo un cierre parcial

Donald Trump
La Casa Blanca es la residencia oficial del Presidente de los Estados Unidos.

La falta de fondos obliga al Gobierno de Trump a llevar a cabo un cierre parcial, también conocido como ‘shutdown‘. De esta manera  quedarán suspendidos los servicios no esenciales hasta que se llegue a un acuerdo de presupuestario.

Los Republicanos sólo necesitaban 60 votos en la cámara alta para llevar a cabo una ampliación del presupuesto que hubiera financiado al Gobierno hasta el 16 de febrero. A partir de este sábado se procederá al cese de actividades en los Departamentos y oficinas federales que se consideren no esenciales.

Según los cálculos de la Casa Blanca, se estima que 800.000 trabajadores federales cesen sus operaciones. Sin embargo, ni los servicios militares, no las agencias de seguridad ni correos se verán afectadas ante el ‘shutdown’.

La medida de las discordia: la protección de los ‘dreamers’

En un comunicado firmado  por la secretaria de prensa de  Sarah Sanders, se puede leer: "No negociaremos el estado de inmigrantes ilegales mientras los demócratas mantienen a nuestros ciudadanos legales como rehenes de sus insensatas demandas".

Los demócratas han puesto como condición para aprobar los presupuestos que se les dé una solución definitiva a los soñadores, es decir los ‘dreamers’. Así es como se conoce a los cerca de 800.000 jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños  y se acogieron al programa Acción Diferida (DACA).

Con DACA, estos jóvenes, a los que se conoce como dreamers (soñadores), obtuvieron permisos temporales de residencia y de trabajo. Ahora, sin el programa, todos podrían enfrentarse a órdenes de deportación.

El presidente Donald Trump decidió derogar el programa DACA en septiembre de 2017, a pesar de que el proyecto no expiraba hasta el 5 de marzo de este año.

La última vez que se produjo un cierre fue en octubre de 2013, entonces, fueron los republicanos quienes bloquearon los presupuestos. La medida de la discordia era la nueva ley de salud impulsada por el ex presidente Barack Obama, medida conocida como el ‘Obama Care’.

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