Empleados de la Seguridad Social se rebelan contra el ministro por el aluvión de peticiones de la renta mínima

La avalancha de Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) que se presentaron en muy poco tiempo en el Servicio de Empleo Público (SEPE), provocando un atasco que dejó a miles de ciudadanos sin cobrar durante meses -algunos siguen todavía sin cobrar-, amenaza con repetirse ahora en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) con motivo del aluvión de peticiones presentadas para recibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV), prestación aprobada por el Gobierno el pasado 15 de junio. En las primeras tres semanas, según datos aportados por el ministro del ramo, José Luis Escrivá, 510.000 personas han pedido la ayuda.

«Es una barbaridad. No podemos dar servicio a tanta solicitud con la plantilla que tenemos dedicada a este tema, unas 5.000 personas. El ministro Escrivá dijo que la nueva prestación afectaría a unas 850.000 familias, pero nuestros cálculos es que lo van a pedir unos tres millones de hogares», explican fuentes del CSIF, sindicato mayoritario en el organismo.

Los primeros datos aportados por el ministro ya apuntan a que los planes iniciales se van a desbordar. El propio Escrivá reconoció que el Gobierno no «esperaba un número tan alto de peticiones». En las primeras semanas, 510.000 personas han solicitado la ayuda. «Hay otro dato más que apunta a eso», dicen desde el CSIF. «Antes de aprobar la medida se puso en marcha en la web del INSS una simulación para comprobar si se cumplían los requisitos para acceder a la ayuda. Las visitas a ese simulador llegaron a los cinco millones», aseguran estas fuentes.

La primera consecuencia de todo esto es el retraso en la gestión de las ayudas y en resolver los expedientes, seguido del retraso en el pago de la prestación a los ciudadanos -como ha sucedido en el SEPE con los ERTE-. «En tramitar cada expediente se tarda unos 40-45 minutos según los estudios que hemos hecho en el organismo, porque no es algo mecánico ni fácil. Así que es imposible sacarlos adelante con la plantilla que hay en estos momentos en el INSS», señala este sindicato.

Además, «muchos trabajadores se están dando de baja de la lista de voluntarios para hacer horas extra», subrayan desde CSIF. «Se había creado una bolsa con voluntarios y la gente se está dando de baja por la avalancha de peticiones. El acuerdo con el Ministerio es que las horas extra se pagaban a 14 euros brutos por expediente resuelto», destacan.

Todo apunta a que el INSS va a repetir lo sucedido en las últimas semanas en el SEPE. Para evitarlo, el ministro Escrivá ha solicitado a Hacienda habilitar los fondos necesarios para incorporar a 1.250 empleados al organismo, decisión que está todavía pendiente por parte del departamento de María Jesús Montero, según ha adelantado este viernes ‘La Información’.

Es lo mismo que hizo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que anunció la incorporación al SEPE de 1.000 empleados para ‘desatascar’ el embudo creado por la avalancha de ERTE. De momento, y según fuentes sindicales, todavía no se ha contratado a la totalidad de esas 1.000 personas -920 a fecha de mediados de julio-. Pero, además, las nuevas incorporaciones no tienen la formación necesaria por lo que la ayuda es limitada. Es lo mismo que sucede con el Ingreso Mínimo Vital.

Retrasos

Otra de las consecuencias denunciadas por la plantilla del INSS es que al haberse producido tal avalancha de solicitudes, que hay que gestionar, se producen retrasos en las otras prestaciones que tiene que gestionar el organismo, como las ayudas por paternidad, maternidad y pensiones.

«Se están produciendo ya retrasos en las otras prestaciones que gestionamos. El volumen es tan alto, y la plantilla tan ajustada, que son inevitables», explican.