Los concesionarios tendrán que pagar hasta 50.000 euros al año por un nuevo impuesto de la Generalitat

Desde este año tener un coche en Cataluña será más caro que en el resto de España. La Generalitat aprobó el pasado mes de septiembre un impuesto de nueva creación para los vehículos motorizados que superen un determinado nivel de emisiones contaminantes de CO2: un ‘sablazo’ fiscal a la automoción que costará a los concesionarios catalanes una media de 50.000 euros al año, según han confirmado varios afectados en conversaciones con este diario. Un importe que podría elevarse aún más el próximo año por el incremento de las cuotas a pagar de más del 50%.

«Este impuesto llega en uno de los peores momentos para el sector de la automoción, ya que al desplome de las unidades matriculadas por el impacto de la crisis de los semiconductores y la falta de estocaje de coches en los centros de distribución hay que sumar un aumento de la fiscalidad que para los más grandes supondrá hasta 50.000 euros al año», explican las citadas fuentes. Al ser con carácter retroactivo, los titulares de los vehículos más contaminantes tendrán que pagar la tasa que corresponde al ejercicio anterior, esto es a 2020.

No queda aquí la cosa. La Hacienda catalana tiene previsto aumentar las cuotas a pagar por el impacto de CO2 por encima del 50%. Los vehículos de menos de 120 gr/km de CO₂ que este año están exentos de pagar la tasa tendrán que abonar 18 euros al año. Entre 120 y 140 gr/km de CO₂ pasarán de pagar 11 euros a 35 euros.

Mientras, los coches de entre 140 y 160 gr/km de CO₂ dejarán de abonar 24 euros para pagar 55 euros. Así como los vehículos de entre 160 y 200 gr/km de CO₂ cuyo tributo pasará de 40 euros al año a 79 euros. Los más contaminantes -más de 350 gr/km- serán los más castigados, ya que llegarán a pagar 221 euros este año y 313 euros en 2022, lo que se traduce en un 41% más.

¿Por qué afecta a los concesionarios? Hay que saber que los centros de distribución compran parte de su flota, lo que se conoce como automatriculaciones, que contemplan operaciones de ‘km cero’, modelos destinados a la exportación, flotas de marca para uso interno o compras para evitar multas por el incumplimiento de emisiones de CO2. Por ello, los centros de distribución también tienen que saldar cuentas con el fisco catalán.

La Hacienda catalana se hace un lío

La patronal Fecavem ha reclamado a la Generalitat que suspenda el impuesto al CO2, ya que asegura que genera «confusión a la ciudadanía», ya que ha notificado que cobrará este tributo a personas que ya no son propietarias de este coche o que incluso se lo han robado.

Desde la patronal han asegurado que ha habido errores e incorrecciones en el cobro porque «el registro de tráfico tiene otras finalidades, de ninguna manera gestionar este impuesto», que ha recordado que solo existe en Cataluña. Además, han destacado que ha habido empresas que han recibido liquidaciones con 600 vehículos mal relacionados y ha pedido que se suspenda el cobro para «evitar un perjuicio mayor» a los ciudadanos, las empresas, y el conjunto del territorio.