La corrupción del juez Toro, a examen en el Supremo

El Tribunal Supremo explorará esta semana la rehabilitación de Juan Antonio Toro Peña como juez después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le retirase de la carrera judicial por un delito de prevaricación imprudente. El juez, que había llevado los casos más importantes relacionados con el mundo del deporte y las Federaciones, fue sentenciado a tres años de inhabilitación especial.

Defendido por el abogado Adolfo Prego, quien fue Magistrado en la misma Sala Penal, Toro Peña cree que puede retomar su controvertida carrera judicial. El que fuese cabeza de cartel del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid facilitó documentos e información de una causa contra el ex presidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáez, y su mano derecha Luis Giménez a alguien que no era parte del procedimiento penal. Esa persona que recibió esa información fue el ex presidente de la Federación Española de Tenis, José Luis Escañuela, quien guardaba unos lazos cercanos con el juez a través de Rafael Cortés Elvira. El ex secretario de Estado para el Deporte ejerció como presidente de la Fundación de la Federación de Escañuela.

Cortés Elvira medió para defender a su amigo –el ex presidente de la Federación Española de Fútbol Ángel María Villar– meses antes de entrar en prisión por la Operación Soulé. Le reunió con el ahora inhabilitado Juan Antonio Toro Peña para que éste último le mostrase “su apoyo incondicional”, en una información publicada por El Mundo.

Este es sólo un mero ejemplo de los tentáculos y las amistades que posee Juan Antonio Toro Peña. La Fiscalía, sin ir más lejos, solicitó 15 años de inhabilitación para el juez porque además de dar por sentado que entregó los documentos secretos a Escañuela fue investigado por facilitar esa misma información al diario El Independiente, quien puntualmente informó de la causa con todo lujo de detalles y dejó el honor de José Luis Sáez a unos niveles ínfimos. No parece casual que el abogado de Toro Peña en la causa tenga un vínculo familiar importante con una de sus periodistas de referencia.

Al presidente de la FEB se le acusó de ser poco menos que un vividor y el apartado juez le imputó siete delitos que implicaban penas de cárcel. El ex mandatario del baloncesto español ha guardado silencio durante todo el procedimiento dentro de un gran dolor por el deterioro de su imagen y la difamación a la que ha sido sometido. Sáez no ha concedido entrevistas ni lo hará, pero a sus íntimos les ha dicho una frase que resume perfectamente lo vivido: “Intente hacer todo por quitar el sufrimiento a mi familia”. Ellos le contestaron: “El honor, la familia y los amigos no se negocian”. Ahora la causa, con un nuevo juez, se ha quedado en nada. De los múltiples delitos de los que se le acusaba, sólo se mantiene el de apropiación indebida y por una cantidad ínfima.

Resulta curioso que Jorge Garbajosa, sucesor de Sáez en la presidencia de la FEB y que le consideró como su “padre adoptivo” en su biografía, ha dejado que la Federación mantenga la condición de acusación particular en el juicio por el perjuicio causado a la institución tanto por Sáez como Giménez. Después de retirarse en 2012, el ex jugador fue acogido en la Federación como un trabajador especial gracias a su ilustre carrera deportiva.

La jueza que sustituyó a Toro Peña, María José Ortega, ha echado por tierra todo el trabajo presuntamente sesgado de su compañero. El juez, como ya había hecho en otras ocasiones en otros juicios, se montó una película la cabeza acusando a Sáez de pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales y delito fiscal llegando incluso a acusar a la Federación Internacional de Baloncesto de cometer irregularidades en España por la organización de la Copa del Mundo FIBA 2014. El juez estaba tan ensimismado en su investigación que quiso llamar a interrogar al Secretario General de FIBA, Patrick Baumann. Por cosas así, ya se está constituyendo una plataforma de afectados por los dictámenes de Toro Peña.

El juez, que ahora quiere rehabilitar su estatus, se ha visto totalmente retratado por su sucesora y las pruebas contra él no han parado de acumularse. Toro Peña también fue socio económico de Cortés Elvira –ex rector de la Universidad Camilo José Cela– dando clases y hasta realizando viajes con todo pagado a Latinoamérica, tal y como ha podido saber OKDIARIO.

Todas estas pruebas serán juzgadas este miércoles 1 de julio en el Tribunal Supremo. Toro Peña confía en que le devuelvan la toga y la causa contra Sáez, aunque todo el mundo alucina con las diferentes visiones entre el juez inicial y el actual. Las evidencias, con la Fiscalía habiendo solicitado 15 años de inhabilitado, dejan al magistrado contra las cuerdas. El juez sentenciado por amañar sus resoluciones ha demostrado tener más contactos que las páginas amarillas, aunque sus cartas están más que marcadas a estas alturas de la película.