La génesis del ‘caso Oltra’ que amenaza a la consejera: el puzzle de las fechas que no cuadran

En junio de 2017, una denuncia policial supuso el punto de partida de la investigación sobre los abusos a que se vio sometida por parte del hoy ex marido de la vicepresidenta primera y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra (Compromís) una menor tutelada por la propia Generalitat. Ahora, ha vuelto a la actualidad una vez que un juzgado de Valencia ha abierto diligencias para conocer si desde el centro y/o la Consejería de Oltra pudo existir una presunta ocultación, después de que la menor denunciara esos abusos en su ámbito de tutela en febrero de 2017, una circunstancia que marca un intrincado puzzle de fechas, algunas de las cuales se solapan con otras y a las que resulta complicado dotar de orden.

En febrero de 2017, la menor abusada por el ex marido de Oltra denunció los abusos a los que se veía sometida a personal del centro. Sin embargo, no fue hasta junio de ese año cuando la investigación se puso en marcha. Fue a raíz de que la niña -hoy ya mayor de edad- relatara lo que le había sucedido a unos policías a las puertas del citado centro. Y fue, según las fuentes próximas al caso, esa denuncia policial la que motivó la investigación posterior.

Oltra dijo en las Cortes Valencianas en abril del pasado año 2021, tal como recoge la hemeroteca, que no tuvo conocimiento de todo ello hasta el 4 de agosto de ese 2017, que es cuando según su relato en sede parlamentaria llegó a su casa una citación dirigida a su entonces marido. Por tanto, siempre según su relato, se enteró por la relación personal con su marido en aquel momento, lo que siguiendo el curso de las fechas ocurrió 6 meses después de la denuncia de la menor y 2 meses más tarde de que esa menor pusiera los hechos en conocimiento de la policía.

Antes, en declaraciones publicadas en noviembre de 2019, Oltra sostuvo que fue el propio centro el que alertó a la dirección territorial tras sospechar de la actuación del educador y entonces presunto abusador de la menor. Y que, esa dirección territorial puso a una psicóloga para llevar a cabo una evaluación de la menor.y que, posteriormente, la Fiscalía dio orden de trasladar a otro centro a la menor, lo que finalmente no se llevó a cabo porque se dictaminó su ingreso en otras dependencias judicialmente.

En esas manifestaciones, realizadas entonces a El Mundo, Oltra dijo también que en septiembre de 2019, es decir, el mes después de haber tenido ella supuestamente conocimiento de los hechos que afectaban a su entonces marido y tras analizar el protocolo que en esos momentos estaba vigente, envió una instrucción a todos los centros con la orden de informar inmediatamente a la Fiscalía de Menores y a la dirección territorial ante cualquier sospecha de posibles abusos. Por tanto, 7 meses después de la denuncia de la menor ante el centro y 2 más tarde del relato de esa menor a la policía. No obstante, Oltra sí puntualizó entonces que hasta septiembre de 2017 no existía una instrucción que dijera eso con claridad y que la instrucción dada entonces enfatizaba en informar a la Fiscalía porque es a esa instancia a la que corresponde valorar las actuaciones que deban llevarse a cabo.

Todo ello, contrasta con un caso anterior que hoy, también, ha vuelto a la actualidad: el de Segorbe, en Castellón, donde la actuación fue muy diferente ante unas circunstancias que se desarrollaron casi en paralelo a las del centro en que la menor sufrió los abusos. En mayo de 2017, Oltra acudió a las Cortes para informar en sede parlamentaria de que dos centros de menores se habían producido denuncias por presuntos abusos sexuales. Uno de esos 2 centros era el de Segorbe. En este último, la investigación sobre estos hechos se cerró más tarde sin hallar motivos de investigación penal, pero el centro, gestionado por religiosas desde 3 décadas atrás, fue cerrado a pesar de la masiva recogida de firmas para frenar el procedimiento abierto por la Generalitat.

En el centro había 18 menores y 17 trabajadores. Y la persona acusada de aquellos supuestos abusos fue posteriormente absuelta y emprendió acciones legales contra la Consejería de Oltra. El centro fue posteriormente reabierto, pero la gestión no volvió a las religiosas, sino que fue concedida a una fundación. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha anulado la multa que Oltra puso en su día a esas religiosas de 15.000 euros por infracciones graves.