Una mujer víctima de abusos sexuales tiene derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita. Y una niña bajo esta situación todavía más. Así regula este derecho la propia normativa de la Generalitat Valenciana. Pero, pese a ello, la niña que fue víctima de abusos sexuales por el entonces marido de Mónica Oltra tuvo que comparecer en el juicio sin esa asistencia letrada del Gobierno de la Comunidad Valenciana. Fue la Fiscalía la que otorgó esa asistencia jurídica gratuita. La Consejería que debía impulsar la protección de la menor era la que en aquel momento ostentaba Mónica Oltra, por aquellas fechas esposa del autor de los abusos y hoy vicepresidenta de la Comunidad Valenciana gracias al Gobierno de coalición con el PSOE de Ximo Puig.
Se trata de la enésima situación de vulnerabilidad de la menor, durante la tramitación de la denuncia, que fue víctima de abusos sexuales por parte de Luis Eduardo Ramírez, hoy ex marido de Oltra y cónyuge de la líder de Compromís durante las fechas en las que se produjeron los hechos en el centro de menores donde se encontraba la niña en situación de tutela pública.
El artículo 102 de la Ley 12/2008 de la Generalitat en materia de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia señala que “los menores, cuya tutela haya asumido la Generalitat por ministerio de la ley, podrán ser representados y defendidos en juicio, sin perjuicio de las competencias que le puedan corresponder al Ministerio Fiscal, a excepción de aquellos supuestos en que se produzca conflicto de intereses. Esta defensa y representación será ejercida por los abogados y letrados de la Abogacía General de la Generalitat”. Es decir, que la Consejería de Oltra tenía en su mano haber pedido la protección adicional de los servicios jurídicos de la Generalitat, sin perjuicio de los dotados por la Fiscalía, en favor de la niña objeto de los abusos, pero lo cierto es que esa asistencia no existió.
La norma, de hecho, fue modificada en el año 2018 para que no fuera optativa la asistencia de los abogados de la Generalitat Valenciana en estos casos, sino que sea imperativo que se asistiese a los menores tutelados.
Irregularidades
La Fiscalía ya ha retratado todo un elenco de irregularidades cometidas en el seno de la Consejería que comandaba durante el año 2017 Mónica Oltra, fecha clave en este caso. El escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, señala todo un listado de irregularidades cometidas por la Consejería de Igualdad que ella misma comandaba en la pasada legislatura y que, según palabras de la propia Fiscalía “con absoluta falta de competencia” llevó a cabo conductas que limitaron la defensa de una menor sobre la que se habían producido abusos sexuales.
La Fiscalía apunta a un silenciamiento de la denuncia de la menor durante cuatro meses. Y a un retraso de hasta dos años en el conocimiento de informes clave para esclarecer los sucedido y la situación de la niña. La víctima era una menor ingresada en un centro dependiente de la Generalitat Valenciana y, por lo tanto, bajo supervisión de la Consejería de la propia Oltra durante la fecha de la denuncia: 2017.
El abusador era Luis Eduardo Ramírez, educador del centro de menores y, por aquellas fechas, aún marido de la titular de la Consejería y ahora vicepresidente del Gobierno de coalición con el PSOE, Mónica Oltra.
El ahora ya ex marido ha sido condenando a cinco años de cárcel y 10 de inhabilitación por abusos sexuales a la menor en una reciente sentencia de 2019. Los abusos fueron realizados a la niña tutelada en un centro de acogida del Barrio de Campanar, en Valencia, entre finales de 2016 y principios de 2017.
La Fiscalía añade que “llama poderosamente la atención que desde febrero de 2017, en que la menor habla por primera vez de abusos sexuales, hasta el 27 de junio de ese mismo año no se comunicara a la Fiscalía de Menores por parte de la Conselleria» el abuso. De hecho, fue la Policía Nacional la que advirtió a la Fiscalía de Menores de la existencia de un posible delito de abusos. Y ello, pese a que la menor había narrado ya a las responsables directas del centro de acogida que había sido víctima de abusos sexuales.
La Fiscalía, además, apunta nuevas sospechas contra la Consejería comandada en aquellas fechas por Oltra al afirmar que encargó un examen de la situación al Centro Espill. La Fiscalía recuerda que el juez de instrucción dictó un auto para investigar penalmente los hechos en septiembre de 2017. Y es en noviembre de 2017, cuando «la Conselleria, con absoluta falta de competencia -dado que el asunto se hallaba ya judicializado-, encargó dicha «prueba» pericial a una entidad privada «Espill» y, lejos de poner dicha pericial a disposición del juez encargado de la instrucción penal, la remitió a la Fiscalía de Menores, dos años después de haberse realizado y una vez celebrado el juicio oral».
