La crisis de Sánchez en la convención de Valencia: agua, financiación, ‘Azud’ y el hermano de Puig

Un concejal del grupo socialista del municipio alicantino de Cocentaina, integrado en el mismo en calidad de independiente, dejaba sus delegaciones y renunciaba al acta este lunes para sumarse a la candidatura local del Partido Popular 24 horas después y cuando ya ha comenzado la cuenta atrás para la Convención municipal que Pedro Sánchez ha convocado en Valencia los días 14, 15 y 16, de este mes de abril. No siendo menor, se antoja como un problema más en la lista que encontrará Sánchez en una Comunidad Valenciana en plena crisis y de uñas con el Gobierno de España por cuestiones de la gravedad del agua y la financiación. Pero también por los escándalos que salpican al propio PSOE y están siendo investigados en sede judicial: el caso Azud y el del hermano de Ximo Puig.

El caso del hermano de Ximo Puig ha abierto un nuevo capítulo este lunes. En síntesis, un juzgado de Valencia investiga un presunto fraude en la obtención de subvenciones de la Generalitat Valenciana, la de Cataluña y el Gobierno de Aragón por parte de empresas relacionadas con Francis Puig, el hermano de Ximo Puig.

Este lunes, como se ha dicho, el PP presentó ante la Agencia Valenciana Antifraude un total de 629 facturas pagadas por el Ayuntamiento de Morella, el pueblo de Ximo Puig y del que fue alcalde hasta 2012, por un montante de 408.000 € desde 2015 hasta ahora, a las citadas empresas. Se da la circunstancia de que, en 2015, Ximo Puig se convirtió en presidente de la Generalitat Valenciana. Esta última, no se ha personado en el caso pese a ser afectada.

‘Caso Azud’

En el caso Azud lo que investiga la jueza en lo tocante al PSOE es la presunta financiación irregular del PSPV (la marca valenciana del PSOE) en las elecciones municipales de 2007 en Valencia y en las autonómicas de 2008 en esta misma circunscripción. Pero, además, está en cuestión la campaña interna del mismísimo Ximo Puig para acceder a la secretaría general de los socialistas valencianos.

No es un asunto menor. Hasta dos de los miembros de aquella candidatura de 2008, la consejera Rebeca Torró y el consejero Arcadi España, ocupan ahora los puestos 2 y 3 de la lista socialista a las Cortes Valencianas por la provincia de Valencia, que lidera Ximo Puig.

El tema es de tal gravedad que el PP solicitó en su día una comisión de investigación en el Senado, rechazada, y acaba de pedir otra en el Congreso. Las Cortes Valencianas aprobaron en los minutos finales de la legislatura con la sola oposición del PSOE de Ximo Puig una tercera, propia, que no se activará, si se activa, hasta después de elecciones. 

Las reivindicaciones

Además de esos escándalos, lo que Pedro Sánchez encontrará es un ambiente cada vez más caldeado de reivindicación frente al Gobierno de España que él preside. Sobre todo, en dos materias: agua y financiación autonómica.

En esta última materia, la de financiación autonómica, el problema radica en que la Valenciana es la Comunidad peor financiada de España. Una cuestión que Sánchez se comprometió a resolver en esta legislatura. Y no lo ha hecho. Es más, el problema se ha agravado por la pobre aportación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a este territorio. Sobre todo, a la provincia de Alicante.

Sirva como dato que a la movilización impulsada por la Cámara de Comercio de Alicante hace unos meses para reivindicar tanto la financiación como una mayor aportación de los PGE, Ximo Puig no asistió. La financiación enerva a todos los sectores. No es un problema meramente político, sino que afecta a la política impositiva, a las infraestructuras, a la actividad económica y al empleo: los valencianos aportan más al Estado de lo que reciben. Y la diferencia va aumentando.

Agua

Por si todo ello fuera poco, Sánchez acudirá también a una Comunidad sacudida por la falta de agua. Y lo hará semanas después de que el Gobierno que el propio Sánchez preside aprobara el Plan del Tajo, que de facto reduce el caudal del trasvase Tajo-Segura. Hay dos recursos en el Supremo por este plan. El de la Generalitat y el de la Diputación de Alicante.

Esta última ha advertido que las consecuencias inminentes de la aplicación del Plan del Tajo aprobado por el Gobierno de Sánchez son demoledoras, con la pérdida de 2.700 empleos, una reducción de la actividad económica de 84,9 millones de € y la deslocalización de empresas. Pero que además, en lo medioambiental supone el inicio de la transformación de la huerta de Europa en un desierto.

Sanidad

Hay otros problemas muy graves. Uno, que Sánchez encontrará una Comunidad Valenciana con dos huelgas de médicos en la Atención Primaria. De hecho, Ximo Puig es el único presidente autonómico que mantiene un conflicto abierto con los médicos en toda España.

El fondo de este problema se fundamenta en que tras la pandemia se hace necesario un cambio de paradigma que incluya más médicos y soluciones a los interminables cupos de pacientes. La próxima jornada de huelga es el 8 de mayo, pero los facultativos del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana no descartan movilizarse antes y seguir haciendolos durante la campaña electoral.

Tampoco, el transporte público está mucho mejor, salpicado por problemas como el de los trenes de cercanías, que afecta directamente al Gobierno de Sánchez, o el tranvía que mide más que los túneles que debe cruzar y pesa más que los puentes que tiene que atravesar. Y así podríamos seguir con un largo etcétera, como las ayudas a los municipios afectados por los incendios.