Sanchez consuma el recorte histórico al Tajo-Segura pese a la protesta de cientos de agricultores

El Gobierno de España que preside el socialista Pedro Sánchez ha consumado el recorte más importante al trasvase Tajo-Segura que rechazaban de lleno los agricultores, los regantes y el Partido Popular con la aprobación del Plan de Tajo, que de facto supone una merma de más de 100 hectómetros cúbico al año para la huerta que necesitan la provincia de Alicante, la de Almería y la Región de Murcia.

La decisión se ha tomado en el Consejo de Ministros, mientras ante el complejo de Moncloa, la sede de la Presidencia, entre 500 y 600 agricultores y regantes participaban en la concentración organizada por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y en el que han participado diversas organizaciones agrarias. Lo sucedido hoy, lejos de augurar el fin de la guerra del agua, supone un capítulo crítico que se dirimirá en lo jurídico en los tribunales, donde los agricultores están dispuestos a llegar.

El recorte a la infraestructura confirma la apuesta por desalación del Gobierno de Sánchez, que crea un problema aún más grave porque el campo levantino rechaza frontalmente porque supone agua más cara y de peor calidad que la del trasvase.

Además, las consecuencias del recorte resultan muy preocupantes. Según confirmó el pasado 16 de diciembre el director de la Cátedra del Agua Joaquín Melgarejo, supondrá la pérdida de 6.300 empleos directos en Alicante y 9.000 en Murcia, así como de 27.000 hectáreas de regadío, con unas pérdidas estimadas de 5.692 millones de €. Para 2027, además, el déficit estructural de la cuenca se habrá incrementado en 309 hectómetros cúbicos y lo que actualmente se califica como la huerta de Europa puede convertirse en el desierto de Europa.

Frente a esta medida, tanto los agricultores como la Diputación de Alicante han advertido ya de su intención de acudir a los tribunales, mientras el Gobierno valenciano que preside el también socialista Ximo Puig no termina de concretar cuál será su postura y mecanismo de defensa más allá del diálogo y de la opción no consumada de acudir a la Justicia.

Asaja-Alicante, una organización de referencia que en este territorio, donde suma a más de 10.000 agricultores, ha calificado «imposición» del Gobierno de Sánchez de «injusta y dictatorial» y ha responsabilizado al Ejecutivo de «no ser capaz de garantizar una distribución equitativa y sostenible de los recursos hídricos de este país y de propiciar el fin de una infraestructura histórica como el trasvase Tajo-Segura».

Además, ha insistido en que no se puede establecer una seguridad mínima para la agricultura «con el dinero prestado del agua desalinizada que la ministra Ribera impone en su hoja de ruta». La agricultura «no tiene músculo para soportar más sobrecostes», ha replicado con contundencia la citada organización a la decisión del Gobierno.