UNA COMPAÑÍA RECEPTORA DE CLIENTES SE QUERELLA CONTRA VARIOS COMERCIALES

Acceso a datos y duplicados de facturas: así usurpaba la trama clientes a una eléctrica

POLICÍA NACIONAL
Un vehículo de la Policía Nacional en imagen de archivo.
Ignacio Martínez

Personas desconocidas que se ponían en contacto con la mercantil, acceso no autorizados a las bases de datos y petición de duplicados de facturas. Todo un modus operandi para usurpar los clientes, que fue puesto de manifiesto en una auditoría interna realizada por la empresa perjudicaba. Así, operaba supuestamente la trama ahora desarticulada por la Policía Nacional con la detención de 44 personas en 12 provincias por la Policía Nacional por el presunto uso fraudulento y la supuesta usurpación de personalidad de consumidores para contratar, supuestamente también, servicios no autorizados. Todo ello, según el relato de la Policía Nacional.

Según el relato de la Policía Nacional, las investigaciones comenzaron en 2019. A raíz de la que el administrador de una compañía de luz y gas denunciase que personas desconocidas supuestamente suplantaban a trabajadores de su empresa ante los clientes a los que llamaban por teléfono. Conocían todos sus datos: los personales, los bancarios y los puntos de suministro y ofrecían descuentos en las tarifas. En realidad, y siempre según la Policía, ese descuento no existía. Simplemente, los cambiaban de compañía sin modificar el precio.

La empresa denunciante puso además en marcha una auditoría interna con el objeto de indagar qué estaba pasando. La auditoría, según la Policía, puso de manifiesto que supuestamente se habían producido accesos a las bases de datos que no estaban autorizados. Pero había cosas aun más graves, si cabe. Personas desconocidas se habían puesto en contacto con la mercantil. Se hacían pasar por clientes y contestaban las preguntas de seguridad. Luego, pedían duplicados de facturas para comunicar un cambio en sus datos personales de contacto. De esa forma, evitaban que, una vez realizado el cambio de compañía, pudiera llegar hasta el consumidor una posible contraoferta, que pondría en alerta al afectado.

Cuando la comercializadora eléctrica que estaba recibiendo los contratos detectó los métodos de captación interpuso una querella contra varios de los comerciales por las prácticas supuestamente llevadas a cabo.

Las indagaciones policiales permitieron a los investigadores comprobar que el móvil de esas prácticas era, supuestamente, percibir comisiones de la empresa a la que derivaban esas altas. También, detectaron que la empresa fuerza de ventas de la mercantil donde se inscribía a los nuevos clientes subcontrataba supuestamente sociedades para captar, a su vez, a más clientes. Con ello, una enorme cantidad de datos se filtraba también a través de esas subcontratas, presuntamente. Se estima que se han producido en torno a 36.000 cambios de datos personales si bien el perjuicio económico causado aun ha sido valorado.

 

 

 

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