PSOE, independentistas y Podemos rechazan abrir una oficina antiokupas y erradicar el top manta en Palma

En la comisión municipal previa al pleno municipal del próximo jueves día 26, PSOE, independentistas de Més y Podemos, han rechazado la creación de una oficina para asesorar a los propietarios de pisos okupados para hacer frente a esta usurpación de la propiedad, y otra iniciativa, para impulsar un plan de acción encaminado a erradicar la venta ambulante ilegal y el top manta en Palma contra el que clama el pequeño comercio.

Unas propuestas que llevan la firma del portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, y que han salido adelante gracias al respaldo del gobierno municipal en minoría del PP, que lidera el alcalde Jaime Martínez.

Como apunta Coll la creación de esta oficina antiokupas viene motivada porque las personas que sufren la ocupación ilegal de su vivienda, en muchas ocasiones, no saben cómo actuar ni donde dirigirse para recibir asesoramiento jurídico y social, dado que en Palma no existe un organismo así.

Y ello pese a que la okupación ilegal de viviendas es un problema que aumenta a diario, especialmente en municipios y barriadas donde la venta y/o alquiler de la vivienda es escasa. Hay que recordar que Baleares encabezó los desahucios por impago de alquiler en 2022, con 88 lanzamientos por cada 100.000 habitantes como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

La nueva oficina municipal no tendrá coste alguno, ya que el Ayuntamiento de Palma dispone desde hace años de una oficina antidesahucios y el alcalde Martínez tendrá que complementarla ahora con este servicio en los próximos meses.

De la misma forma, y con el voto en contra de los partidos de izquierdas, el primer edil del PP ha dado el visto bueno a Vox para impulsar un Plan de Acción contra la Venta Ambulante ilegal, que contemple la coordinación y comunicación permanente con la Policía Nacional y Portuaria del Puerto de Palma.

Además el gobierno municipal se compromete a que haya presencia estable de la Policía Local en las zonas de mayor incidencia de la venta ambulante ilegal (Pza. Mayor, Dalt Murada, Moll Vell).

Y junto a ello a tramitar una modificación de la Ordenanza de Uso Cívico de Espacios Públicos para el endurecimiento de las sanciones contra los vendedores ambulantes ilegales, que abarque no sólo la incautación de la ganancia y los productos, sino también una sanción.

Como recuerda Vox, el comercio de Palma atraviesa por una situación delicada, habida cuenta de la nueva competencia de grandes superficies, el comercio digital y el aumento de las rentas y de los impuestos que ha llevado al cierre de numerosos establecimientos emblemáticos de la ciudad en los últimos años.

Muchos de los factores que afectan a la situación de nuestro tejido comercial tradicional son ajenos a la acción municipal. Sin embargo, otros entran de lleno en el ámbito de las capacidades y competencias de este Ayuntamiento, y por ello entendemos que el equipo de gobierno debe poner todos los medios y la voluntad política para atajarlos.

Es el caso de los manteros, que cada día, ofrecen sus mercancías ilegales a residentes y visitantes. Productos de procedencia desconocida, sin controles que homologuen su calidad, que generan una actividad al margen de las normativas municipales y tributarias, lo que constituye un grave agravio comparativo con esos comerciantes que pagan sus impuestos, abonan salarios a sus trabajadores y añaden valor a la oferta comercial de la ciudad. Algo que la izquierda en Palma prefiere seguir ignorando.