La temporada turística en Palma entra ya en la recta final mientras los manteros aún hacen el agosto

La temporada turística de Palma está ya en la recta final con el puente de la Fiesta Nacional del 12 de octubre pero los que parecen seguir haciendo su particular agosto son los vendedores ambulantes ilegales que siguen desplegados en los principales enclaves turísticos de la capital balear, desde la Plaza Mayor a la Playa de Palma, o en las proximidades del Mirador de La Seu, como muestra la imagen.

De hecho la expansión sufrida por este fenómeno tras la pandemia del Covid y la pasividad policial bajo el mando del ex alcalde socialista de Palma, José Hila, durante la pasada legislatura, estará presente en el pleno que el Ayuntamiento de Palma celebrará el próximo 26 de octubre, donde Vox pondrá sobre la mesa la cuestión.

Una iniciativa con la que la formación liderada por el concejal Fulgencio Coll quiere que el alcalde del PP, Jaime Martínez, se comprometa a tomar medidas para atajar la expansión de los manteros. En concreto Vox instará al equipo de gobierno en solitario del PP con el que ha firmado un acuerdo programático, a impulsar un plan de acción contra la venta ambulante ilegal, en coordinación y comunicación permanente con la Policía Nacional y la Policía Portuaria del Puerto de Palma.

Todo ello en base a lo recogido en el punto 75 de ese pacto suscrito en septiembre entre las dos formaciones de centro derecha, donde figura el compromiso «implantar un plan integral de erradicación de la venta ambulante ilegal en coordinación con todas las administraciones, actuando de forma prioritaria contra las mafias y6 proveedores de la mercancía objeto de la venta».

Para ello considera Vox que debe haber presencia estable de la Policía Local en las zonas de mayor incidencia de la venta ambulante ilegal (Pza. Mayor, Dalt Murada, Moll Vell).

Y en tercer lugar, que se proceda a tramitar una modificación de la Ordenanza de Uso Cívico de Espacios Públicos para el endurecimiento de las sanciones contra los vendedores ambulantes ilegales, que abarque no sólo la incautación de la ganancia y los productos, sino también una sanción.

Una cuestión esta última casi imposible de materializar en la práctica,  ya que la mayor de ellos, son insolventes dada la estancia irregular en la que se encuentran, lo que a su vez les cierra las puertas al mercado de trabajo de forma regularizada.

Detrás de la iniciativa de Vox no sólo se encuentra la obligación de las autoridades públicas de poner coto y perseguir una actividad ilegal, sino hacer frente a la competencia desleal que sufre y padece el pequeño comercio palmesano.

El comercio de Palma atraviesa por una situación delicada, habida cuenta de la competencia de grandes superficies, el comercio digital y el aumento de las rentas y de los impuestos durante estas dos legislaturas pasadas bajo el gobierno municipal socialista, que han llevado al cierre a numerosos establecimientos emblemáticos de la ciudad en los últimos años.

Pero si bien muchos de los factores que afectan a la situación del tejido comercial tradicional son ajenos a la acción municipal, otros entran de lleno en el ámbito de las capacidades y competencias de este Ayuntamiento, «y por ello entendemos que el equipo de gobierno debe poner todos los medios y la voluntad política para atajarlos», concluye Vox.