Prohens exige devolver a los inmigrantes ilegales que llegan a Baleares: «Si se hace en Ceuta, se puede hacer aquí»
"Aquí no cabe todo el mundo y especialmente la inmigración irregular; no cabe quien no viene a respetar nuestras leyes y valores"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha afirmado este martes que si en Ceuta se puede devolver a inmigrantes que llegan de manera irregular, también se puede hacer en Baleares, y ha hecho un llamamiento a poner fin a la llegada de inmigración irregular a las Islas. Lo ha hecho tras un largo repaso de cuestiones sobre la inmigración que ha desatendido el Gobierno de Pedro Sánchez en estos últimos años.
Varios miembros del Gobierno llevan semanas afirmando que los inmigrantes que invadieron Ceuta el pasado 30 de julio acabarán siendo devueltos a Marruecos. Prohens se ha preguntado por qué no se puede hacer exactamente igual en Baleares, una vez identificados y filiados. Como en Ceuta.
En su discurso durante el primer día del Debate de Política General que se celebra en el Parlament, Prohens ha situado el crecimiento de la población, incluida la inmigración irregular, la vivienda y la transformación del modelo económico entre los grandes retos de futuro del archipiélago. «Aquí no cabe todo el mundo y especialmente la inmigración irregular. No cabe quien no viene a respetar nuestras leyes y valores», ha añadido.
«Vemos cómo aquello que durante tanto tiempo nos decían que era imposible hacer con la inmigración ilegal, el retorno de la inmigración irregular, ahora, de manera repentina, se empieza a hacer en Ceuta», ha subrayado. «Mientras hacemos este debate, tenemos una ciudad invadida», ha apuntado.
Prohens ha insistido en que el archipiélago, ante el «abandono» del Gobierno central, no puede seguir acogiendo a personas migrantes en situación irregular y ha hecho un llamamiento a «poner freno a la llegada continua de inmigración irregular».
Al mismo tiempo, ha llamado la atención sobre la «sobreocupación» en la acogida de menores migrantes no acompañados (menas), por encima de los 900, más del doble de la capacidad ordinaria fijada «de manera unilateral» por el Ministerio de Infancia.