Profesores de Baleares emulan a los padres de Canet y llevan al Govern de Armengol a los tribunales

Profesores de Baleares, englobados en la plataforma PLIS Educación, y espoleados por la familia de Canet de Mar que ha logrado que los tribunales catalanes reconozcan el derecho de su hijo de cinco años de recibir el 25% de las clases en castellano, han llevado a los tribunales al Govern balear. Una iniciativa con la que pretenden que los magistrados de Baleares, sentencien, en el mismo sentido que sus colegas de Cataluña.
El recurso presentado conjuntamente con la entidad Sociedad Civil Balear ya ha sido admitido a trámite, según apuntan ambos colectivos en un comunicado.

En el mismo expresan su confianza en que el tribunal balear, finalmente, falle en los mismos términos y obligue al Govern balear, a transmitir a los directores de centros instrucciones, claras y precisas, para adaptar los proyectos lingüísticos al ordenamiento jurídico.

«La inmersión obligatoria en catalán no solo es un abuso de poder, es un despropósito pedagógico», subrayan. A juicio de los denunciantes, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña «tiene recorrido, no solo en Cataluña, contrariamente a lo que declara la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, sino en todas las comunidades autónomas bilingües». »

«La jurisprudencia no es cantonal, es estatal», sentencian. Ambas entidades destacan que, con este recurso  judicial, pretenden lograr una sentencia de alcance general. De esta forma, se evitaría que los padres deban de reclamar el 25 por ciento individualmente, centro por centro, «gastando el dinero que tal vez no tienen, y sometiéndose al señalamiento de los círculos nacionalistas, que hacen casus belli de la inmersión total y obligatoria.»

“Un derecho no tiene que ser mendigado, sino garantizado», remarcan en la nota. En este sentido, ponen el ejemplo de que «nadie entendería que, para poder casarse, algo que el ordenamiento jurídico permite, cada pareja homosexual tuviera que pleitear ante la Justicia. De la misma manera, para recibir clases también en castellano la administración debería evitar al administrado no tener más remedio que recurrir a los tribunales”.

Los recurrentes advierten que si al gobierno balear le importa la seguridad jurídica de sus funcionarios, «no debería perder ni un minuto para protegerlos». Más que nada, como indican en el comunicado, «porque, tal como está redactado el famoso decreto de mínimos, los responsables de infringir la ley, con consecuencias administrativas y penales, son los directores y los miembros del consejo escolar de cada centro educativo».

Por ello, abundan, «es, cuestión de tiempo, que un director sea condenado a dejar de ejercer cargo público y, penalmente, condenado por prevaricación, al no modificar los proyectos lingüísticos, a sabiendas de su ilegalidad».
Para este colectivo de profesores de Baleares la inmersión obligatoria «es ilegal, además de una extravagancia pedagógica».

Sobre este particular consideran que el poder judicial, «ha dejado claro que el gobierno catalán se ha excedido en sus funciones y que, por su omisión normativa, ha favorecido, incluso incitado, a la infracción de la ley». «Una situación»,  reiteran, «que se da también en Baleares». “Mal está que el administrado infrinja la ley; mucho peor que lo haga la Administración”, concluyen.