Cáritas lleva a los tribunales al Ayuntamiento de Palma por investigar el empadronamiento de inmigrantes

Cáritas España ha denunciado el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Palma para investigar los empadronamientos ilegales de inmigrantes. Una moción aprobada el pasado 30 de mayo con los votos a favor del gobierno en minoría del PP y sus socios programáticos de Vox, que son los que presentaron esta iniciativa.

Tres meses después, Cáritas España ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra dos puntos de ese acuerdo municipal, que fue rechazado por los partidos de la oposición de izquierdas e independentistas, y que para este organización social podrían ser ilegales.

Son los referidos a la creación por el Ayuntamiento de Palma de un buzón de denuncias anónimas de los ciudadanos para revelar posibles casos de empadronamientos fraudulentos, y el referido a las visitas de la Policía Local a domicilios, para comprobar posibles ilegalidades en esta materia.

El Ayuntamiento de Palma ya es conocedor del recurso contencioso presentado por Cáritas, y todo apunta que en el próximo pleno municipal se acordará la personación en esta causa abierta en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma.

El acuerdo del pleno aprobado a instancias de Vox por el gobierno del PP indicaba en estos dos puntos que la Policía Local hará seguimiento de las denuncias anónimas de los ciudadanos, y «tomará las medidas necesarias en cada caso».

En referencia a las visitas domiciliarias policiales, el acuerdo del pleno recoge que la Policía Local «realizará inspecciones periódicas y visitas domiciliarias para comprobar la veracidad de la información proporcionada en los registros de empadronamiento para detectar posibles casos fraudulentos».

Hay que apuntar que detrás del uso fraudulento del empadronamiento puede haber comportamientos delictivos, así como otras irregularidades relacionadas con el acceso indebido a determinadas prestaciones sociales.

Además en el caso de que la vivienda esté alquilada, el propietario no puede controlar las personas empadronadas y al rescindirse el contrato de arrendamiento, éste se puede encontrar que existen personas ajenas al inquilino y su familia empadronados en su casa sin poder darles de baja.

Se ha dado el caso en el que se han empadronado en un apartamento en la localidad mallorquina de Manacor más de 34 personas, o 24 en un piso de Palma, ya que hay ciudadanos que alquilan una vivienda y empadronan a decenas de personas de forma fraudulenta. Después cambian de domicilio, y el propietario se encuentra con el problema de tener empadronados a ciudadanos sin tener éstos ningún contrato de alquiler. También se han detectado empadronamientos con contratos de alquiler falsos.

Como exponía Vox en su iniciativa, para evitar estos problemas sería conveniente pedir, junto el contrato de la vivienda, la cédula de habitabilidad para adecuar el número de personas que pueden empadronarse en la misma.

También es necesario comprobar, apuntaba Vox, si el domicilio en el que se realiza el empadronamiento es real o comprobar si realmente viven allí, dado que el Ayuntamiento puede comprobar la veracidad de los datos consignados.

Por ello, indicaba el partido de Santiago Abascal, cuando existan indicios que hagan dudar de que se va a establecer la residencia en el municipio, o de alguno de los datos declarados por el ciudadano, antes de proceder al alta, o a la modificación de datos en el padrón, el Ayuntamiento ordenará los actos administrativos necesarios para comprobar la veracidad de los datos consignados en la solicitud.

Informes policiales alertan de que cada día es mayor la información que recibe la Brigada de Extranjería de Palma sobre empadronamientos fraudulentos. Dadas estas circunstancias, desde Vox consideran que el Ayuntamiento debe aumentar, dentro de sus posibilidades y respetando el marco legal vigente, el control sobre el empadronamiento fraudulento y la presencia de inmigrantes ilegales para cumplir con la ley.