‘El Chicle’ se enfrenta a 15 años de cárcel por el intento de rapto que desencadenó su detención

En un clima de expectación generado por los últimos pasos de la instrucción por la desaparición y muerte de Diana Quer, ‘El Chicle’ comparecerá ante el tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, que los días 10, 11 y 12 de abril deberá dirimir el grado de implicación de Abuín Gey en estos hechos, por los que el Fiscal pide 15 años y 10 meses de prisión.

El caso se remonta al día de Navidad de 2017 cuando, según el escrito del Ministerio Público, ‘El Chicle’ vio a la víctima desde su vehículo mientras caminaba por la calle Bao de Boiro, sobre las 22,25 horas, y la abordó en un lugar donde «la iluminación era muy escasa» y «no había viandantes», aprovechando que ella se encontraba absorta manteniendo una conversación por Whatsapp.

Tras «abalanzarse» sobre ella, y con la intención de «agredirla sexualmente», continúa el escrito, ‘El Chicle’ la agarró por el cuello y la amenazó con un objeto punzante, pidiéndole que le entregara el móvil.

Sin embargo, al ver que llegaba un vehículo, el procesado trató de «despistar» a la víctima diciéndole que «todo había sido una broma» para, acto seguido, intentar meterla en el maletero de su vehículo a la fuerza.

El forcejeo y los gritos de la joven, que logró salir del maletero donde Abuín Gey la había metido, alertaron a dos viandantes, que acudieron en su auxilio, lo que precipitó la huida de ‘El Chicle’. Sin embargo, la descripción de la víctima y del os testigos propició su rápida identificación y detención.

Se dio la circunstancia de que precisamente Abuín Gey había sido considerado uno de los principales sospechosos de la desaparición de Diana Quer, ocurrida más de un año antes en la vecina localidad de A Pobra do Caramiñal. Por ello, los investigadores vincularon enseguida ambos casos, algo que precipitó la resolución de la desaparición de la joven madrileña.

Días después de su detención, ‘El Chicle’ confesaba haber sido el responsable de la muerte de Diana Quer y conducía a los investigadores a una nave abandonada en la parroquia de Asados, en Rianxo, donde, en un pozo, fue localizado el cadáver de la joven, tras 500 días sumergido. El juzgado decretó prisión provisional para Enrique Abuín el 1 de enero de 2018 y, desde aquella, ha permanecido en la cárcel en espera de responder por ambos casos.

En este caso concreto, Abuín Gey está acusado de un delito de detención ilegal o, alternativamente, un delito consumado de coacciones, así como un intento de agresión sexual, un robo con violencia e intimidación en grado de tentativa, un delito de amenazas y otro de lesiones. La Fiscalía solicita que sea condenado a 15 años y diez meses de cárcel y al abono de una indemnización de 15.750 euros, o alternativamente, doce años y diez meses.

Los investigadores establecieron desde un primer momento un nexo en el modus operandi de ‘El Chicle’ entre este caso y la desaparición de Diana Quer, por lo que tendrá influencia en el otro proceso lo que se determine en este acerca de su personalidad. El inicio del juicio se produce días después de que el juez instructor de Ribeira Félix Isaac Alonso concluyese definitivamente la instrucción del caso Diana Quer, ordenando la apertura de juicio oral y dando traslado de la documentación a la Audiencia Provincial de A Coruña, que deberá ahora fijar una fecha.

A raíz del inicio de este juicio, los magistrados de la Audiencia de A Coruña han dictado medidas de protección de la intimidad para la víctima, que no podrá ser grabada ni fotografiada en su comparecencia ni a su llegada a los juzgados.

Además, los magistrados también han determinado que la declaración de la joven se producirá detrás de un biombo para evitar el contacto visual con el acusado. Ambos, víctima y acusado, comparecerán en la primera jornada del juicio, en la que también está previsto que testifiquen ocho agentes de las fuerzas del orden.

El segundo día, el 11 de abril, será el turno de las periciales (seis agentes, dos médicos forenses y dos psicólogos), mientras que la última jornada está reservada para las conclusiones de las partes y los informes.

Asimismo, el TSXG informa que se prohíbe la divulgación o publicación de información e imágenes de la víctima, datos que puedan facilitar su identificación de forma «directa o indirecta» o de «aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección».