Entre el primer ministro francés Bayrou, y Sánchez

Hoy, la Asamblea Nacional Francesa debatirá una cuestión de confianza planteada por el Primer Ministro François Bayrou. Pretende forzar a que le permitan recortar 44.000 millones de euros en gasto público, además de otras reformas que estima necesarias para conseguir superar la situación de grave crisis económica y financiera en la que se encuentra sumido el país. Es un ejemplo clarividente de cómo se encuentra Francia con Emmanuel Macron, en su segunda legislatura como presidente de la V República. Que comenzó en 2022, y que si hoy cesan a Bayrou, sería su cuarto Primer Ministro caído desde entonces (y nada menos que el tercero en este año 2025).

Sin perjuicio de otras importantes consideraciones al respecto, baste decir por el momento, que sería un cese que el primer ministro habría propiciado al plantear a la oposición a decidir, ante la alternativa de aprobar esa reforma presupuestaria, o una nueva caída del gobierno. Inmediatamente acude a nuestra mente el contraste con la situación de España donde Sánchez lleva dos ejercicios sin presupuestos, y ante la inminencia de no poder aprobar tampoco los del próximo ejercicio. Y que encima afirma su voluntad de seguir dos años más, sin plantear ni una cuestión de confianza ni convocar elecciones por supuesto, aunque el Congreso se los rechace.

Es evidente que la actual situación de Francia no es precisamente una referencia de éxito a imitar, ni política ni económicamente; pero sí lo es en cuanto a asumir su primer ministro la responsabilidad política derivada de una situación concreta que le impide gobernar. Bayrou lleva tan sólo ocho meses en el cargo y sin embargo considera que sin esa modificación presupuestaria no puede seguir al frente del gobierno.

Sánchez es la antítesis de esa conducta, colocando como su máxima prioridad seguir en el poder donde lleva más de siete años, aunque esté totalmente incapacitado para gobernar. Se atreve incluso a afirmar que una elecciones ahora significarían «una parálisis que no conviene». Es una situación que está degradando la democracia en España a unos niveles inimaginables con anterioridad a él, que encima llegó al gobierno tras ser derrotado con contundencia en las urnas. Y para «preservar la calidad de nuestra democracia». Un mínimo de ética por su parte, le hubiera llevado a una dimisión irrevocable y a la convocatoria de elecciones anticipadas, dándole la palabra a las urnas.

Su conducta personal y política está provocando a España un grave deterioro de su reputación internacional, y un ejemplo que a nivel social interno también ocasiona un daño del que va a costar recuperarse. El espectáculo vivido estos días con la apertura oficial del curso judicial en el Tribunal Supremo, con un Fiscal General del Estado procesado, dando lecciones en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, es inconcebible en una democracia digna de tal nombre.

El sanchismo está arrastrando a España a unas cotas de indignidad que no puede prolongarse más tiempo. Incluso hacen pensar en la necesidad de una reforma de la Constitución, ya que ésta no preveía la posibilidad de un dirigente al frente del gobierno como Pedro Sánchez, cuya palabra carece de valor, instalado en el gobierno con un Frente Popular dañino para España, y que evoca a su precedente social comunista de 1936. El «Lenin español»,  -como gustaba ser denominado Largo Caballero-, líder de aquel PSOE, y aquel Frente Popular, tiene sin duda un sucesor a su nivel en Sánchez. Y unos  conmilitones que le aplauden en sus actos, cual los seguidores de los dirigentes reunidos estos días en Shanghai.

Sus socios de gobierno, comunistas de la macedonia de siglas de Sumar con  su vicepresidenta Yolanda Diaz al mando, acreditan fehacientemente su «progresismo plurinacional y feminista». En cuanto a sus aliados parlamentarios Bildu, PNV, ERC y Junts, tendrán que responder, cuando y donde proceda, de ser los cooperadores necesarios de un Frente Popular social comunista de estas características. Lo sucedido estos días atrás, con España ausente de una cumbre con los dirigentes europeos del Reino Unido, Alemania, Francia e Italia entre otros, reunidos en La Casa Blanca para plantear un apoyo explícito a Ucrania, es una prueba más del daño reputacional que está causando a España.