Moralidad y dinero público

Pedro Sánchez usa el avión de Presidencia del Gobierno para desplazarse a asuntos privados. Conciertos, ocio en fin de semana, vacaciones o la boda de su cuñado. Si eso es moralmente cuestionable, lo es más que disponga el Secreto de Estado sobre dichos viajes –por una disposición franquista– para que no se puedan conocer los gastos que origina ni los de su esposa cuando lo acompaña. En un país decente, todo esto supondría un plante de los políticos hasta que se levantara dicho secreto y una salida de las instituciones del político en cuestión que las llevara a cabo por comportamientos corruptos.

Tomemos un ejemplo de los muchos que hay en nuestro entorno democrático. Sin ir más lejos, el marido de la presidenta alemana Angela Merkel, si viaja en el avión oficial con ella, debe abonar 1.300 euros, razón por la que la mayoría de las veces se traslada en un vuelo regular a los países que visita la dirigente germana. Sin duda, convendrán conmigo, es otro concepto de la moralidad. En España estamos habituados y aceptamos como normales prácticas que no son aceptadas en otros muchos países. La excusa de la seguridad por la existencia de ETA, más la desvergüenza de una casta política asumiendo la pompa y el boato de la dictadura, el privilegio en salarios, viajes, teléfonos, dietas, gastos, jubilación y otros varios no se percibe como un derroche inmoral del dinero de todos.

El presidente del Gobierno de España tiene un enjambre de asistentes y servidores en La Moncloa donde le preparan las comidas para toda la familia, visitas, invitados, gastos de ropa o viajes –como Mariano Rajoy tuvo a su padre– que son pagados vía presupuestos públicos. La canciller alemana se sorprendió en su primera visita a España –a quien ha entregado ingentes cantidades de dinero a través de la UE– por las instalaciones y número de funcionarios de la casa del jefe del Ejecutivo, sin comparación con el personal asignado y las dependencias de la presidencia de Alemania, el país más rico de Europa con 80 millones de habitantes. La señora Merkel sale de su trabajo y se va a hacer la compra de su casa al supermercado. Otros ministros de otros países van a la sede ministerial por sus propios medios –coches, transporte público o en bicicleta– y usan el coche oficial para la agenda del día y vuelven a casa nuevamente como llegaron. Pero, claro, España es diferente.

El proceso de transición de dictadura a democracia en nuestro país no supuso aplicar una moral pública de austeridad y un buen uso de los medios y dineros de todos los españoles, al expandirse la Administración con el sistema autonómico y creación de infinidad de organismos e instituciones, existe una pesada carga para las arcas públicas de una clase política y funcionarial dependiente de ellos que supera con mucho a la de países como Francia o Alemania. Sería necesario acabar con los gastos de representación, tarjetas, nombramientos de libre designación a familiares y amigos, coches oficiales, escoltas y transparencia absoluta sobre lo que se gasta del erario público y para qué. Además, aquellos que llegan a La Moncloa no tiene límites para gastarse cientos de miles de euros en acomodar las dependencias a su gusto con dinero de todos, y un comisario de Policía que llega a un destino con vivienda oficial también puede solicitar –y se le concede– cambiar mobiliario o hacer obras por miles de euros para adaptarla a su gusto. Todo con nuestro dinero.