La Ley de Vivienda socialcomunista, un ataque a la propiedad privada

La Ley de Vivienda socialcomunista, un ataque a la propiedad privada
La Ley de Vivienda socialcomunista, un ataque a la propiedad privada

El informe del CGPJ en relación con el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda es sencillamente demoledor. Y no sólo porque critique que el plan del Gobierno socialcomunista invade competencias autonómicas, que siendo grave sería lo de menos, sino porque el Consejo General del Poder Judicial asegura que lo que pretende Pedro Sánchez  «supone una alteración del entendimiento de la propiedad privada de la vivienda». Es decir, el órgano de los jueces apunta directamente a un derecho fundamental y al riesgo cierto de que el anteproyecto gubernamental quiebre uno de los pilares de nuestro ordenamiento jurídico. Y es que el CGPJ considera que la pretensión del Ejecutivo supone «la parcial derogación del artículo 348 del Código Civil, que establece que la propiedad es «el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes».

El órgano de los jueces acusa al Gobierno de justificarse bajo el argumento de que tiene competencias para organizar la política de vivienda en cuanto su facultad para proteger los fines sociales de la misma, porque en el fondo, según el CGPJ, «poco tiene que ver la necesidad de ordenación del suelo, con afectación decisiva al interés general, con la propiedad privada e individual de la vivienda donde frente al interés público prima el interés privado del propietario». Dicho de otro modo: Sánchez pretende, por la puerta de atrás, modificar el entendimiento del derecho de la propiedad privada. Es decir, quiere laminarlo por la vía de hacer una interpretación sectaria y torticera del mismo.

El varapalo de los jueces es descomunal y supone toda una señal de alerta ante el riesgo de que el Gobierno pretenda acabar con la propiedad privada. Sánchez puede desoír a los jueces, ya que su informe no es vinculante, pero si lo hace el plan de la Vivienda socialcomunista sería carne de tribunales. Y con toda probabilidad, sería tumbado por la justicia. Lo sensato sería meter el anteproyecto en un cajón y buscar el consenso en materia de vivienda, pero hablar de sensatez con este Gobierno es un imposible metafísico.

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