Un aniversario para olvidar

Tan fría como el clima en Madrid, resultó la tradicional ceremonia institucional en el Congreso, conmemorativa del 42º aniversario de la Constitución, y tan diferente a las anteriores por la pandemia y la deteriorada situación política del país. La presidenta, Meritxell Batet, hizo el discurso para la ocasión, defendiendo la plena y legítima participación de Bildu en el escenario político, y cargando contra los que quieren «apropiarse» de la Carta Magna, en clara referencia a la bancada del PP, VOX y Cs. Por su parte, no asistieron los socios parlamentarios del Gobierno, siguiendo su tradición.

Lo cierto es que la desangelada ceremonia —sin la presencia de S.M. el Rey— fue un reflejo de la situación de emergencia sanitaria y política en la que nos encontramos, con Sánchez apelando al entendimiento, el diálogo y la concordia como virtudes políticas que hicieron posible la Constitución, mientras él y el jefe de la oposición ni siquiera se saludaron después de semanas sin contestar Sánchez la llamada telefónica de Casado; todo un ejemplo de diálogo y concordia.

No es posible vivir instalado en la contradicción, es imposible «ser y no ser» simultáneamente, que es lo que le sucede al Gobierno de España, que  «es» gracias a los votos de quienes tienen por objetivo el «no ser» de España y su Constitución. Para salir del paso, a la Vicepresidenta Calvo le puede valer, aunque sea a trompicones, la teoría del desdoblamiento de la personalidad presidencial, distinguiendo los compromisos y promesas asumidos por el ciudadano candidato Pedro Sánchez, de lo que hace el ciudadano presidente; pero no es asumible para gobernar un país.

Las palabras de Batet sobre el derecho de Bildu a no ser discriminada en la actividad política, no aguantan un mínimo debate: si tienen diputados es porque, en efecto, han podido presentarse a las elecciones, pero aquí hablamos de otra cosa: Si es ético y legítimo que el Gobierno de España se sostenga sobre votos que quieren destruir el país por la vía política, una vez comprobada su imposibilidad de hacerlo por la vía terrorista; nunca condenada por ellos, por cierto, ya que son sus sucesores políticos.

Es comprensible que Bildu esté feliz de lo que está consiguiendo a cambio, pero el problema es que ese acuerdo de Sánchez es inmoral e indigno; por eso mismo lo negó más de tres veces siendo candidato. Para decir  lo que le conviene a su jefe político, Batet confunde conscientemente legalidad con legitimidad. Sin ser contrapuestos, el significante legalidad pertenece al ámbito del derecho, mientras el de la legitimidad lo es al de la política y la ética pública. Confundirlos como ha hecho la presidenta del Congreso, es hacerle un favor a Sánchez, y un muy flaco favor a la democracia y al Estado de derecho, como ya afirmaron Max Weber y Bobbio, entre otros, y bien conoce la profesora de derecho político Batet.

Mutatis mutandi, lo que vale para Bildu, vale para ERC, cambiando terrorismo por golpismo. Por eso podemos afirmar rotundamente que el pacto presupuestario —y de facto, de legislatura— es legal pero ilegítimo, por inmoral. Se puede sobrevivir políticamente en esas circunstancias, pues el poder alquila  muchas voluntades. Pero la política entendida como servicio al bien común, padece de manera extrema por el daño infligido, al igual que la convivencia, dañada por la carencia de escrúpulos y principios al aplicar la máxima de que el fin justifica los medios.

Sánchez e Iglesias pasarán, pero su herencia no va a ser una España más cohesionada socialmente ni mejor vertebrada  territorialmente, sino todo lo contrario. Y ese Estado sin justicia  independiente reconocible, lejos de convertirse en una sociedad política, se tornará en una «banda de malhechores», como afirmara Agustín de Hipona ya en el siglo V.  Proyectos de ley como la ‘Lolailo’ de Celaá, la Memoria democratica de Calvo y, para rematar, el de la eutanasia tramitados sin diálogo, entendimiento, ni consenso, conforman un corpus ideológico tan radical como deshumanizador, en una España amordazada y confinada.