La otra brecha salarial

La otra brecha salarial
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El concepto de brecha salarial presenta en Cataluña una acepción bastante más concluyente que la que propone el feminismo, y es la relacionada con la hegemonía nacionalista, es decir, con la institucionalización de un régimen de prebendas que ha tenido y tiene como beneficiarios a los feligreses de dicha parroquia. Ello explica, sin ir más lejos, la reciente aflicción de tantísimos jefes de departamento, directores de periódico y, en general, rentistas varios de Catalunya SL, ante la posibilidad de que la aplicación all included del 155 les hubiera abocado al mercado de trabajo.

Me refiero, insisto, no sólo a la vasta red de cargos intermedios cuya única actividad conocida ha sido desacreditar España, y entre los que también se hallaban los pseudoembajadores, sino también, por ejemplo, a los empleados de TV3 o Catalunya Ràdio, cuyas nóminas no tienen parangón en los medios, digamos, privados; al sinnúmero de liberados a cuenta de digitales independentistas, periodicuchos comarcales y demás hojas parroquiales; al propio diario Ara, fundado y sostenido gracias a la trama de productoras privadas que ha amamantado TV3, y no, como insisten sus promotores, por la vigorosa iniciativa privada de la sociedad civil; ¡a Marcela Topor!, esposa del Fugitivo de Waterloo, que se embolsa 6.000 euros mensuales más IVA de la Diputación de Barcelona por un programa de entrevistas.

Pareciera, en fin, que Daron Acemoglu y James A. Robinson se hubieran inspirado en Cataluña para escribir su célebre y controvertido ‘Por qué fracasan los países’, donde los autores sostienen que el principal factor de colapso de una nación son sus élites extractivas, concepto con el que designan a un tipo de establishment dedicado a detraer las rentas de la mayoría de los ciudadanos mediante mecanismos disfuncionales, esto es diseñados a propósito. Trasladado a Cataluña, esos mecanismos radicarían, sobre todo, en las subvenciones, tendentes a insuflar vitalidad al tejido asociativo y los medios de comunicación de orientación nacionalista. Los autores del blog Dolça Catalunya han dado en llamar a quienes se dan la gran vida a costa del contribuyente llepasubvens, algo así como lamesubvenciones. En todo caso, y aunque la Administración autonómica ha llevado el fenómeno hasta extremos delirantes —no se olvide que son ya 40 años de nacionalismo—, al punto de auspiciar una sociedad paralela con un nivel de vida ciertamente envidiable, hay élites extractivas para todos los gustos.

Hoy mismo, por ejemplo, se ha sabido que Ada Colau ha incrementado las subvenciones al  movimiento político-social del que ella misma proviene. Es el caso de entidades como el Observatorio DESC —por Derechos Economicos Sociales y Culturales—, cuya dotación ha pasado de 150.000 euros en 2015 a 267 mil en 2017 —un 78% más—, o la ONG Ingeniería Sin Fronteras, vinculada a la Alianza contra la Pobreza Energética, de 214 mil en 2015 a 385 mil en 2017 —un 59% más—. Además, el Ayuntamiento de Barcelona ha comprado o reformado inmuebles por valor de 35 millones de euros para cederlos a okupas, Comités de Defensa del Referéndum y otros colectivos afines al colauismo, en lo que asemeja el primer paso para diseminar por la ciudad un entramado de organizaciones cautivas —¡cómo no van a serlo si tienen como casera es la alcaldesa!— al servicio del mal llamado bien común. Confiemos, por el bien Barcelona, en que el plan se trunque en la primavera de 2019. Y que para entonces, asimismo, los Topor y compañía hayan empezado a afrontar, como cualquier hijo de vecino, sus primeras entrevistas de trabajo.

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