Ni Pedraz ni los fiscales preguntan a un testaferro de Conde en Ginebra por la red societaria del CNI

Ni el juez Santiago Pedraz ni los fiscales Elena Lorente y Miguel Serrano preguntaron de manera directa al testaferro hispanosuizo Francisco Romero Pumar, durante la comisión judicial celebrada en Ginebra, por la trama societaria que constituyó, junto al también intermediario Francisco Javier de la Vega, en beneficio del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para mover dinero en sus operaciones internacionales. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se topó hace un año, de manera fortuita, con esa red secreta de los servicios de información, mientras investigaba un número de sociedades offshore del que se había servido la familia Conde para repatriar a España 13 millones de euros.

La comisión judicial se desplazó el pasado 27 de abril a la ciudad helvética para avanzar en sus pesquisas sobre los movimientos de capitales del ex presidente de Banesto, a quien la Fiscalía Anticorrupción imputa los delitos de blanqueo de dinero y fiscal, entre otros, tras la conocida como Operación Fénix, realizada por la UCO en abril de 2016.

En aquellas fechas, los agentes de la UCO se llevaron una sorpresa cuando realizaban el registro en el despacho del abogado Javier de la Vega. Entre la maraña de sociedades offshore en paraísos fiscales, montadas para desviar el dinero de manera opaca, detectaron un grupo de ellas pertenecientes a los servicios secretos. De la Vega, cuya hermana es directiva en el CNI, se había servido de una misma infraestructura para efectuar los movimientos financieros del ex presidente de Banesto y de los espías de La Casa, como se conoce a la sede del espionaje español.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional y los fiscales anticorrupción desconocen todavía cuáles son las sociedades que pertenecen al CNI y cuáles a clientes privados del despacho de De la Vega, entre ellos Mario Conde. Durante años, la familia del ex banquero había mantenido en cuentas suizas los trece millones de euros, controladas hasta su muerte por la esposa de Mario Conde, Lourdes Arroyo, y que, más tarde, heredaron sus dos hijos. La Fiscalía Anticorrupción mantiene que todo ese dinero es producto del saqueo de Banesto.

Ayer OKDIARIO publicó en exclusiva que el perito judicial asignado a la causa por la Agencia Tributaria ya había adelantado a la Audiencia Nacional que, bajo su criterio, no existía delito fiscal.

El misterio de una empresa de fotografía

En el interrogatorio a Romero en Ginebra, que duró más de seis horas, los fiscales anticorrupción prestaron una especial atención por una sociedad misteriosa que figura en las investigaciones de Pedraz. Se trata de Domenech Foto, una firma mercantil dedicada a la importación, exportación, distribución y comercialización de equipos y productos fotográficos y de tratamiento de imagen, registrada en Madrid y de la que era consejero el muñidor de todo el entramado, Francisco Javier de la Vega.

Esta sociedad, que nada tiene que ver con Mario Conde, según fuentes próximas al ex banquero, está en la actualidad en fase de liquidación, como sucede con otras que figuran en el dossier judicial y que fueron constituidas por De la Vega. Está participada por las sociedades Nex Foto Capital (69%), con sede en Luxemburgo; Renta Madrid (28,64%) y Gestión Inmobiliaria 101 (1,68%).

Además Domenech Foto posee un 50% de Tuset Profesional, controlada por Jorge Domenech Capdevilla, y con el mismo domicilio social que la sociedad matriz.

Todas estas sociedades pertenecen a un mismo tronco instrumental: Renta Madrid, con domicilio en Reus, posee el 64% de Gestión Inmobiliaria 101 y su administrador único es Jorge Domenech. A su vez Gestión Inmobiliaria 101 está controlada por el mismo Jorge Domenech Capdevilla y por María del Pilar Fernández Martín. Pero detrás de toda esa estructura destaca el cerebro del abogado y colaborador del CNI, Francisco Javier de la Vega.

El bróker hispanosuizo Francisco Romero declaró al juez Pedraz que conocía a De la Vega desde el año 2000, en el que coincidieron en la fiduciaria suiza Experta, que entonces pertenecía al banco Dexia de Luxemburgo, y tenía sedes en Ginebra y Lausanne. De la Vega trabajaba para Experta y Dexia como experto en clientes internacionales.

El atrevimiento del testaferro del CNI

La fiscal Elena Lorente se interesó también por otras dos de las sociedades investigadas, Dalecom Tchnologies Limited y Elco Overseas, que tampoco tienen que ver con la estructura societaria de Conde. Por ello, el abogado suizo de Mario Conde protestó, al considerar que no estaban mencionadas en la demanda entregada a los suizos, queja que fue recogida en el acta por la procuradora suiza.

Aún así, Romero Pumar contestó que los nombres le sonaban ( “ces deux noms sont connus”). Pero no decía toda la verdad. ¿Cómo no le iban a sonar? Francisco Romero figuraba como director, entre marzo de 2005 y mayo de 2009, de Dalecom, una sociedad con sede en Brighton (Reino Unido) ya disuelta. En Elco Overseas no aparece rastro de él ya que se trata de una sociedad offshore constituida en Panamá y en la que sólo dan la cara los representantes legales. En el caso de Elco aparece la agente Marcela Rojas de Pérez, una intermediaria que figura en decenas de instrumentales opacas fundadas en Panamá.

Además se da la coincidencia de que en el domicilio británico de Dalecom, en 2-3 Pavillon Building de Brighton, tenía su sede social otra firma investigada: Dryset, de la que Romero fue director en 2016.

Durante el interrogatorio, el propio Romero aclaraba a la fiscal Lorente que Dalecom era la sociedad a través de la cual Domenech Foto había tenido relaciones comerciales con Experta. Pero aclaraba: “Todas esas sociedades nada tenían que ver con la familia Conde”.

En la comparecencia, los fiscales y el juez se interesaron por otras sociedades internacionales como Fildale Assets Limited, Indelco Assets, DSA Holding, Croxton International de las que se desconocen los propietarios. Según la investigación algunas de ellas pudieron ser usadas por el CNI.

Romero sí aparece como director en otra sociedad constituida en Panamá: JJ Freeman Capital, que no figura en el sumario y que OKDIARIO ha detectado.

Tal era el entramado societario que el propio Romero reconoció ante el juez español que, tan sólo una de las sociedades mencionadas, podía poseer centenares de clientes que eran imposible de identificar uno a uno.

Tras la comisión rogatoria cumplimentada por el Reino Unido la UCO sí ha podido verificar las transferencias del dinero repatriado a España. En total, los fondos repatriados a España alcanzaron los 13,06 millones de euros. De ellos 5,6 procedían de Gallox (Suiza); 1,3, de Higher (Reino Unido); 2,8, de Dryset (Reino Unido); 445.000, de Matoral (Países Bajos); 393.000, de G.I Beteiligung (Luxemburgo); 66.500 de Mayfield (Islas Vírgenes); 4.922 euros, de Rupani Jelly Fish (Emiratos Árabes), y otros 2,28 millones, en efectivo.

El 4 de marzo de 2016, un mes antes de su detención y de la gran redada de la UCO, De la Vega constituía una sociedad dedicada a consultoría de gestión empresarial, de intermediación y representación, a la que bautizó con el nombre de Cyrity, con domicilio en la calle Felipe IV, donde estaba centralizada toda la infraestructura societaria. El testaferro figuraba como consejero y la presidencia recaía en Joaquín Castillejo Blanco, un profesional con amplia experiencia en el sector de la seguridad y de la tecnología para defensa. Otro de los consejeros era Daniel Peñaloza.

Cyrity es una de las pocas firmas de De la Vega que, tras el escándalo, se mantiene activa. Incluso, en enero pasado aprobó una ampliación de capital y tuvo el atrevimiento de trasladar el domicilio social a la calle Musgo de Madrid, en un edificio ubicado a espaldas de las instalaciones del CNI.

Tiene su gracia que el socio de De la Vega, Joaquín Castillejo Blanco escribió hace diez años el artículo titulado “Externalización de la seguridad de la información en Defensa”, basado en la reducción de los costes y por el que “se suele obtener un servicio de mejor calidad”.