El ex ministro salpicado por el ‘caso Faisán’ defenderá a Casares en la causa de las firmas falsas

El número 1 del PSOE de Santander, Pedro Casares, ha recurrido a los servicios del ex ministro de Interior Antonio Camacho para que le defienda como abogado en el caso de las firmas falsificadas destapado por OKDIARIO.

La Fiscalía ha solicitado que Pedro Casares sea llamado a declarar como investigado en la causa sobre la presunta falsificación de las firmas de varios profesores de la Universidad de Cantabria para adjudicar tres proyectos de investigación al tesorero del PSOE de Santander, Javier López Garrido.

El socialista Pedro Casares era miembro del tribunal pero, según la Ley, debería haberse abstenido de participar en el proceso, ya que mantiene una estrecha relación personal con López Garrido. OKDIARIO desveló el pasado mes de diciembre una grabación en la que otros dos miembros del tribunal reconocen que sus firmas habrían sido falsificadas en las actas.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santander archivó inicialmente la causa, pero la Fiscalía ha solicitado oficialmente que se reabra, se tome declaración a Casares como imputado y se realice un peritaje caligráfico sobre las firmas presuntamente falsificadas. Pedro Casares es miembro de la Ejecutiva federal de Pedro Sánchez en el PSOE.

Era el ‘número 2’ de Rubalcaba

El abogado de Pedro Casares, Antonio Camacho, fue secretario de Estado de Seguridad entre 2004 y 2011, como número 2 de los ministros José Antonio Alonso y Alfredo Pérez Rubalcaba. Cuando Rubalcaba abandonó el cargo para liderar el PSOE como candidato a la Presidencia del Gobierno, Camacho ascendió a ministro de Interior, aunque ocupó el cargo durante sólo unos meses, desde julio de 2011 hasta las elecciones generales del 20N de aquel mismo año.

Durante su etapa como secretario de Estado de Seguridad, Camacho tuvo una participación directa en el proceso de negociación con la banda terrorista ETA puesto en marcha por José Luis Rodríguez Zapatero. Remitió al presidente varios «informes de verificación» en los que sostenía que la banda había cesado temporalmente en su actividad criminal. Poco después, en diciembre de 2006, ETA asesinó a dos inmigrantes y causó daños materiales millonarios en el atentado de la T-4 de Barajas.

Como secretario de Estado, Antonio Camacho también se vio salpicado por el caso Faisán, el chivatazo que recibió la cúpula de la banda terrorista en mayo de 2006 para frustrar una operación dirigida por el juez Fernando Grande-Marlaska contra su aparato de extorsión.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) pidió a la Audiencia Nacional que llamara a declarar a Camacho como imputado, después de que la investigación desvelara que intercambió varias llamadas con uno de los investigados, el ex director general de la Policía Victoriano García Hidalgo, poco antes y poco después del chivatazo.

La demanda de Sánchez contra OKDIARIO

Según la investigación, Camacho no telefoneó a García Hidalgo a su número oficial, sino a una línea prepago que el entonces jefe de la Policía había facilitado a uno de los negociadores de la banda terrorista ETA, Jon Iurrebaso.

El proceso del caso Faisán se cerró con sólo dos condenados por un delito de revelación de secretos, el comisario Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros, quienes fueron los encargados de dar el chivatazo al dueño del bar Faisán.

La sentencia consideró probado que el objetivo era frustrar la operación dirigida por el juez Grande-Marlaska para evitar que entorpeciera «el proceso que estaba en marcha para lograr el cese de la actividad de ETA». Sin embargo, los dos mandos policiales condenados nunca confesaron quién dio la orden de avisar a la cúpula de la banda terrorista.

Antes de iniciar su trayectoria política, Antonio Camacho fue fiscal en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Durante esta etapa profesional, llegó a presidir la asociación de izquierdas Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Ahora, Antonio Camacho será el abogado del líder del PSOE de Santander, Pedro Casares, acusado de falsificar firmas para dar tres contratos de la Universidad de Cantabria al tesorero del partido. También se anunció que el presidente Pedro Sánchez había encargado a Antonio Camacho que interponga una demanda civil contra OKDIARIO por desvelar que plagió su tesis doctoral. Sin embargo, han pasado 129 días y la demanda civil no llega.