Fraude en la Universidad de Cantabria

El socialista Casares participó ilegalmente en el tribunal que dio tres contratos a su pareja

El líder del PSOE de Santander, Pedro Casares, junto a Pedro Sánchez
El líder del PSOE de Santander, Pedro Casares, junto a Pedro Sánchez

Pedro Casares, el líder del PSOE de Santander implicado en la falsificación de firmas de las actas de la Universidad de Cantabria, vulneró la ley al participar en el tribunal de profesores que adjudicó tres contratos a una persona de su máxima confianza, el también socialista Javier López Garrido.

El candidato socialista a la alcaldía de la ciudad de Santander incumplió la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y, en concreto, el artículo 28, referente a la abstención.

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

Dicho artículo explica que son motivos de abstención “tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquel” y “tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas”.

Esta ley obligaba al líder del PSOE de Santander a abstenerse de dicho tribunal de selección, ya que entre los candidatos que optaban a los tres proyectos estaba a la persona de su máxima confianza. A pesar de la prohibición, el socialista Casares participó y adjudicó los contratos a  López Garrido.

Es el tesorero del partido

Javier López Garrido es el secretario de administración, transparencia y buen gobierno del PSOE santanderino. Es decir, el encargado de las finanzas del grupo municipal y el responsable de elaborar los depósitos de cuentas del partido.

La persona de la máxima confianza del líder del PSOE de Santander fue así el beneficiario de tres contratos de la Universidad de Cantabria gracias a ser una persona de confianza del líder del PSOE en Santander.

De las tres firmas estampadas en las actas de reunión en donde se designó a Javier López Garrido como beneficiario de los contratos, al menos dos están falsificadas: la del decano de la Facultad, Pablo Coto Millán, y la del profesor Manuel Agüeros Sánchez.

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