La ex empleada del hogar de Victoria Rosell pide cuatro años de cárcel para la pareja de la podemita

Irene Montero junto a Victoria Rosell y Carlos Sosa.
La ministra Irene Montero junto a Victoria Rosell y Carlos Sosa.

La mujer de nacionalidad boliviana Simona Chambi ha presentado una querella en la que solicita una pena de cuatro años de cárcel y una multa para el empresario Carlos Sosa –pareja de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell–, como autor de sendos delitos de coacciones y obstrucción a la Justicia.

La querella sostiene que Carlos Sosa coaccionó a Simona Chambi para que renunciara a sus pretensiones económicas en la demanda laboral que ha presentado contra él y Victoria Rosell por «despido improcedente o nulo», después de trabajar durante más de siete años para la pareja como empleada del hogar.

El artículo 464.1 del Código Penal prevé una pena de uno a cuatro años de cárcel para el que «con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal». En cuanto al delito de coacciones, el artículo 172.1 del Código Penal establece una pena de uno a tres años de cárcel, sustituible por multa.

Simona Chambi presentó el pasado 8 de julio ante los Servicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Semac) de Canarias la papeleta de conciliación laboral en la que pedía que su despido sea declarado nulo, o bien que Carlos Sosa le indemnice con 10.000 euros. Seis días antes de que se celebrara el acto de conciliación, previsto para el 23 de julio, Carlos Sosa se dirigió en tono amenazador tanto a Simona como a su abogado, Federico Vicente Marín, a los que acusó de estar compinchados con Vox en una «conspiración» contra él.

Victoria Rosell
Fragmento de la querella que Simona Chambi ha interpuesto contra Carlos Sosa por coacciones y obstrucción a la Justicia.

Primero envió a Simona Chambi el siguiente mensaje de whatsapp: «Buenas tardes, Simona. Espero que esté mejor. Ya me han avisado de Vox que van a publicar su demanda contra mí. Debo prevenirla de que también yo tengo a mi alcance mecanismos legales. Lamento mucho lo que está ocurriendo».

Una hora después, Carlos Sosa telefoneó al abogado de Simona Chambi, al que advirtió en el mismo tono amenazador: «He recibido esta mañana la citación [para el acto de conciliación] y le llamo para decirle que su demanda la tiene la formación política Vox y esta reclamación de Simona es una conspiración contra mi persona. Sólo le advierto: juego limpio, que yo conozco mis derechos y también tengo al alcance mecanismos», le dijo, según consta en la querella.

Según la querella, tanto Simona Chambi como su abogado interpretaron estos mensajes amenazadores como un intento de coaccionarles, ante el acto de conciliación que debía celebrarse seis días después. Una conducta que, sostienen en su escrito dirigido al juez, encaja con los delitos de coacciones y obstrucción a la Justicia.

En el acto de conciliación, el representante legal de Carlos Sosa rechazó las pretensiones económicas de su ex empleada del hogar: sólo estaba dispuesto a pagarle una indemnización de 833,34 euros. Tan sólo una hora después, la mujer de nacionalidad boliviana recibió una llamada de la Jefatura Provincial de Policía de Las Palmas en la que se instaba a acudir al día siguiente a declarar ante agentes de la Unidad de de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el grupo de la Policía Nacional especializado en investigar los grandes casos de corrupción.

Victoria Rosell
Simona Chambi y su abogado, Federico Vicente Marín, el pasado lunes durante una entrevista en Antena 3.

Simona Chambi descubrió entonces que sus antiguos empleadores, Victoria Rosell y Carlos Sosa, la habían denunciado por extorsión. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género considera que la indemnización de 10.000 euros que le reclama su antigua empleada del hogar constituye un pago político para evitar que el escándalo se haga público y dañe su imagen como alto cargo del Ministerio de Igualdad.

Ambas denuncias cruzadas han recaído en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas, el mismo que ocupaba Victoria Rosell antes de dar el salto a la política como candidata de Podemos. El actual titular de este Juzgado es Arcadio Díaz Tejera, quien fue senador del PSOE por la isla de Gran Canaria entre 2011 y 2016. Es miembro de la asociación minoritaria de izquierdas Juezas y Jueces por la Democracia y, según las fuentes consultadas por OKDIARIO, mantiene una excelente relación personal con Victoria Rosell.

Fue este juez y ex senador del PSOE el que ordenó que los agentes de la UDEF interroguen a Simona Chambi para determinar si está intentando extorsionar a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. No obstante, tras el recurso presentado por el abogado de Chambi, el juez Arcadio Díaz finalmente ha aceptado apartarse de la causa porque su amistad con Victoria Rosell le impedía mantener la «apariencia de imparcialidad».

Tras el fallido acto de conciliación, Simona Chambi presentó el pasado 14 de agosto su demanda laboral contra Victoria Rosell y Carlos Sosa, que ha recaído en un Juzgado de lo Social de Las Palmas. En su demanda, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Chambi sostiene que la alto cargo del Ministerio de Igualdad le estuvo pagando «dinero negro o b» y sin contrato durante nueve meses, en dos períodos distintos: desde septiembre de 2011 a enero de 2012 y, tras su regreso de Bolivia, desde septiembre a diciembre de 2015.

Victoria Rosell ha intentando desmentir esta acusación difundiendo los últimos recibidos de Seguridad Social que su pareja, Carlos Sosa, abonó por el contrato de Chambi en junio y julio de 2020. Estos recibos no desmienten nada, ya que son muy posteriores a los dos períodos en los que pagó «en negro» a su empleada del hogar, según la demanda.

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