El ex director del ‘CNI catalán’ se sentará en el banquillo en mayo por espiar correos electrónicos

CESICAT
El ex director general de Telecomunicaciones de la Generalitat Carles Flamerich.
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El ex director general de Telecomunicaciones de la Generalitat Carles Flamerich (que también era el máximo responsable de la agencia de ciberseguridad Cesicat) se sentará el próximo mes de mayo en el banquillo por espiar correos electrónicos dirigidos a los ex consellers Ramón Espadaler y Felip Puig.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha fijado para los días 6 al 8 de mayo la vista oral del juicio en el que también se sentará en el banquillo el director de Seguridad del Cesicat, Xavier Panadero. La Fiscalía pide para cada uno de ellos una pena de cuatro años de cárcel como autores de un delito de revelación de secretos, mientras que la acusación particular les reclama cinco años de cárcel.

La investigación judicial se inició en 2013, cuando un colaborado del Cesicat, Albert Gabàs, denunció que varios correos electrónicos que había dirigido a ambos consellers acabaron en el buzón de dos altos cargos de la empresa pública de la Generalitat: Carles Flamerich y Xavier Panadero.

En sus mensajes, Gabàs informaba a los dos ex consellers de que los contratos públicos del Cesicat se adjudicaban sistemáticamente, por cuantías millonarias, a empresas integradas en la sectorial Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de Convergència, cuyo responsable era el mismo Carles Flamerich.

Los Mossos querían tapar el escándalo

El denunciante remitió los correos electrónicos entre los meses de abril y mayo de 2013 al entonces conseller de Empresa, Ramón Espadaler, y al de Interior, Felip Puig. Sin embargo, poco después, el remitente siempre recibía una notificación automática según la cual su mensaje había llegado al buzón del jefe de seguridad del CESICAT, Xavier Panadero.

Algo que permitió a Gabàs acreditar que los responsables de la Agencia de ciberseguridad de la Generalitat tenían capacidad de espiar e interceptar los correos electrónicos dirigidos a los miembros del Govern.

La causa ha sido instruida por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona (cuyo titular, Juan Antonio Ramírez Sunyer, falleció el pasado día 5). El magistrado archivó inicialmente las diligencias en agosto de 2015, después de que el servicio de Delitos Informáticos los Mossos d’Esquadra intentara tapar el escándalo remitido al juez un informe en el que no apreciaba ninguna actuación irregular.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Barcelona ordenó reabrir la causa y ahora ha fijado la fecha de celebración de la vista oral, tras admitir las pruebas y testimonios propuestos por las partes.

Hackearon una web de la CUP

En su declaración ante el juez, los dos imputados aseguraron que habían descubierto una vulnerabilidad en los correos electrónicos de la Generalitat, por lo que crearon un buzón denominado “buzon seguritat Altabis” al que se derivaban automáticamente los mensajes enviados por determinados remitentes.

El Juzgado número 13 de Barcelona es el mismo que instruye la causa sobre la creación de las “estructuras de Estado” por parte de los golpistas de la Generalitat, en la que están imputados el ex juez independentista Santi Vidal y dos de los hombres de confianza de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.

En los informes remitido al juez, la Guardia Civil considera probado que el Govern de Puigdemont utilizó el Cesicat y el CTTI como embrión para crear el “CNI catalán”, los “servicios de inteligencia” de la Generalitat. La Policía Judicial de la Guardia Civil también ha conseguido acreditar que varios directivos y técnicos de ambos organismos participaron activamente en la puesta en marcha de la web del referéndum ilegal de independencia del 1-O.

El Cesicat ofreció además a los Mossos d’Esquadra asesoramiento para llevar a cabo actividades de espionaje informático. Gracias a esta colaboración, los Mossos lograron hackear y extraer datos confidenciales del periódico digital Directa.cat, vinculado a la CUP, como las direcciones de datos bancarios de sus empleados y simpatizantes.

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