El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ha dado el paso previo para sentar en el banquillo al ex director general de Telecomunicaciones de la Generalitat y ex máximo responsable de su agencia de ciberseguridad CESICAT, Carles Flamerich, por espiar correos electrónicos dirigidos a dos consellers: Ramón Espadaler y Felip Puig.
La investigación judicial se inició en 2013, después de que un asesor del CESICAT, A.G., denunciara que varios correos electrónicos que había dirigido a ambos consellers acabaron en el buzón de dos altos cargos de la empresa pública de la Generalitat: Carles Flamerich y el que entonces era director de Seguridad del CESICAT, Xavier Panadero, al que también ha procesado el juez.
En estos correos electrónicos, A.G. ponía en conocimiento de los consellers distintas irregularidades que se habían producido en las contrataciones del CESICAT. El denunciante remitió los correos electrónicos entre los meses de abril y mayo de 2013 a ambos consellers y a una funcionaria del Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Esther Rivera. Sin embargo, poco después, el remitente siempre recibía una notificación automática según la cual su mensaje había llegado al buzón del jefe de seguridad del CESICAT, Xavier Panadero.
El último caso se produjo el 14 de mayo de 2013: el denunciante remitió un correo electrónico a la 1,21 horas de la madrugada a los entonces consellers de Empresa, Felip Puig, e Interior, Ramon Espadaler. Tan sólo cuatro minutos después, a la 1,25 de la madrugada, quien respondió a su email fue el director del CESICAT, Carles Flamerich.
Los Mossos no ven ningún delito
En su declaración ante el juez, los dos imputados aseguraron que habían descubierto una vulnerabilidad en los correos electrónicos de la Generalitat, por lo que crearon un buzón denominado “buzon seguritat Altabis” al que se derivaban automáticamente los mensajes enviados por determinados remitentes.
Respecto al último mensaje del 14 de mayo de 2013, Carles Flamerich aseguró que se lo había reenviado el entonces conseller de Interior Ramón Espadaler, algo que éste negó ante el juez. El magistrado archivó inicialmente las diligencias el 13 de agosto de 2015, tras recibir un informe en el que los Mossos d’Esquadra negaban la existencia de cualquier actuación ilegal.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Barcelona le ordenó reabrir la causa. Como consecuencia de ello, el juez Juan Antonio Ramírez ha dictado ahora un auto en el que acuerda seguir adelante con la investigación por el procedimiento abreviado, como paso previo para celebrar el juicio.
Acusa a los dos imputados, Carles Flamerich y Xavier Panadero, de un delito de revelación de secretos, que prevé penas de entre tres y cinco años de cárcel, puesto que los encausados eran “las personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros”.
Espionaje a cargos públicos
Flamerich ha sido presidente de la sectorial del PDeCAT sobre nuevas tecnologías de la información durante casi cinco años, desde abril de 2012 a noviembre de 2016. Por su parte, como conseller de Interior, Ramón Espadaler participó directamente en la organización del referéndum ilegal de independencia del 9N. Ahora se ha incorporado como independiente a la candidatura del PSC al Parlament para las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre.
Como ha informado OKDIARIO, desde abril de 2016 la Guardia Civil y la Fiscalía de la Audiencia Nacional mantienen abierta una investigación sobre las contrataciones del CESICAT y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), por considerar que la Generalitat ha utilizado ambos organismos como “embrión” para crear su propio servicio de inteligencia como “estructura de Estado”, es decir, un “CNI catalán“.
En sus informes, la Guardia Civil ha recopilado varias denuncias según las cuales el CESICAT ha desarrollado actividades como el espionaje a empresarios y cargos públicos, la interceptación de correos electrónicos, el uso del programa Cerberus para pinchar teléfonos móviles y la creación de bases de datos ilegales de particulares.
Entre las empresas que la Guardia Civil ha investigado por sus relaciones con ambos organismos se encuentra el Grupo Seidor, que ha recibido contratos de la Generalitat que suman más de 400 millones de euros. Las adjudicaciones del Ejecutivo autonómico a esta empresa se dispararon después de que el cuñado de Artur Mas, Joan Antoni Rakosnik, se incorporara al Grupo Seidor como consultor.
Contratos a una empresa de Roures
Otra de las empresas investigadas es T-System, que asumió la gestión del voto electrónico tanto en el referéndum ilegal de independencia del 9-N como en el 1-O. T-System ha recibido adjudicaciones de la Generalitat que suman más de 310 millones de euros.
Del mismo modo, Fiscalía y Guardia Civil indagan otro contrato de 40 millones adjudicado por el CTTI a una UTE formada por Nexica y Unitecnic, una de las filiales del grupo Mediapro de Jaume Roures. El millonario Roures fue el anfitrión de la cena secreta celebrada en Barcelona el pasado 26 de agosto, en la que el líder de ERC Oriol Junqueras negoció con Pablo Iglesias el apoyo de Podemos al proceso de independencia de Cataluña.
