La Fiscalía pidió investigar el ‘CNI catalán’ por intentar interceptar correos y espiar a empresarios

Sede de la Audiencia Nacional.
Sede de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ya en marzo de 2016 investigar el CESICAT, al que denomina como ‘CNI catalán’, por los indicios reunidos en base a los informes de la Guardia Civil de que este órgano creado por la Generalitat de Cataluña quería interceptar correos, censurar páginas web y elaborar informes sobre empresarios y ciudadanos.

En su estrategia de crear estructuras de Estado propias, la Fiscalía señaló en un informe, incluido en el sumario que instruye el Juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT) funcionaba "en la práctica como un CNI catalán que llevaba a cabo actividades irregulares".

En concreto, señala que el CESICAT se creó para "la ejecución de actividades de censura mediante la eliminación de páginas web, el control de las comunicaciones mediante la interceptación de correos electrónicos y aplicaciones de control en teléfonos móviles utilizando el programa Cerberus o el acceso a base de datos ajenas".

Entre sus funciones, el referéndum

"La creación y el desarrollo de bases de datos personales no sujetas a regulación ni al control de la Agencia Catalana de Protección de Datos, el encargo de informes sobre empresarios y altos cargos de la Generalitat e incluso la creación de bases de datos de ciudadanos para diversos fines, por ejemplo la realización de la consulta alternativa del 9N," son otras de las funciones que la Generalitat atribuyó al CESICAT.

Los indicios fueron reunidos en un decreto firmado por el exfiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza con fecha de 17 de marzo de 2016 a partir del cual se abrieron las primeras diligencias de investigación sobre los preparativos del 1-O.

El CESICAT fue creado pensando en que sería un órgano clave, según el fiscal, en el "proceso unilateral de independencia" que ha concluido este viernes con la aprobación por el Parlament de la secesión. El Gobierno ha abortado de inmediato esta declaración con la entrada en vigor de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el cese del Govern en pleno y la convocatoria de elecciones autonómicas el próximo 21 de diciembre.

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