Puigdemont encargó el voto electrónico del 1-O a una empresa que ha cobrado 310 millones del Govern

El Govern de Carles Puigdemont encargó el sistema de voto electrónico del referéndum ilegal del 1-O a una empresa que desde 2012 ha cobrado 309,8 millones de euros públicos de la Generalitat.

Así se desprende de las conversaciones telefónicas intervenidas, por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, a la directora general de Servicio de la compañía, T-Systems ITC, Rosa María Rodríguez Curtó.

En las grabaciones, la directiva de la empresa habla con varios cargos de la Generalitat sobre una aplicación informática que debía desarrollar antes de la convocatoria del referéndum ilegal, e incluso comenta la coartada que debía ofrecer si era interrogada por la Guardia Civil.

En sus informes dirigidos al juez instructor, la Guardia Civil apunta la sospecha de que el vicepresidente Oriol Junqueras pudo encargar a la misma compañía la gestión de un censo de contribuyentes para que la Agencia Tributaria Catalana pueda recaudar la totalidad de los impuestos de las empresas y particulares de la región, en la república imaginaria de Cataluña.

De hecho, se trata de la misma empresa que, ya en 2012, gestionó el censo de votantes para la consulta ilegal de independencia del 9-N convocada por el entonces presidente Artur Mas. Aquel mismo año 2012, el Govern adjudicó a T-Systems siete contratos, que suman un importe de 309,8 millones de euros, para la prestación de servicios informáticos a la Generalitat.

La Guardia Civil apunta en sus informes que el Ejecutivo de Puigdemont habría encargado ahora a T-Systems la gestión del voto electrónico del referéndum del 1-O amparándose en esos «contratos marco» adjudicados en 2012. De este modo, habría burlado las resoluciones del Tribunal Constitucional que le prohibían expresamente destinar dinero público a su referéndum ilegal de independencia.

La Guardia Civil ha hecho constar estos hechos en los informes dirigidos al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del referéndum de independencia del 1-O a raíz de una querella interpuesta por Vox y por el abogado Miguel Durán.

El sumario recoge varias conversaciones en las que el director de Innovación del Centro de telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, Josué Sallent Ribes, apremia a Rosa María Rodríguez a culminar un proyecto a tiempo, porque tiene que informar sobre su situación «en la reunión del viernes con el presidente».

Pactaron engañar a la Guardia Civil

En la llamada telefónica registrada el pasado 5 de julio, Sallent explica que se encuentra «en la Conselleria de Exteriors y están cansados de T-Systems porque no se sabe si ayuda o boicotea». Josué Sallent concluye la conversación advirtiendo a la directora general de T-Systems que «se la están jugando».

A partir de los datos recogidos en conversaciones posteriores, la Guardia Civil señala que T-Systems se estaría encargando de desarrollar el sistema de voto electrónico de los catalanes residentes en el extranjero para el referéndum ilegal, por encargo de la Conselleria de Asuntos Exteriores que dirigía Raül Romeva.

Pero es aún más reveladora la conversación intervenida el 28 de julio entre la directora general de T-Systems y un compañero de su empresa, que aparece identificado únicamente como «Miguel Ángel». En esta conversación, Rosa María Rodríguez se muestra «muy enfadada» porque el director financiero de la empresa, Osmar Polo, tuvo que comparecer ante la Guardia Civil.

Al respecto, comenta que «la Policía Judicial le ha dicho a Osmar que, en el caso de que la Generalitat le encargue algún trabajo relacionado con los preparativos o sistemas necesarios para la celebración del referéndum del 1-O debe informar a los agentes investigadores». Y a continuación añade que «desde ese momento no le va a decir nada a Osmar, para que éste no tenga que contar nada a la Guardia Civil».

Según la transcripción entregada al juez, «Rosa y Miguel Ángel hacen un intercambio de puntos de vista sobre la manera en la que podrían eludir una posible responsabilidad por participar en este proyecto. Miguel Ángel aporta la idea de que todas las actividades que tengan que ver con el referéndum y ‘toda la movida del 1-O’ sean centralizadas en una sola persona. De esta manera, se podría evitar que cualquier información o dato del proyecto pueda ser difundida y/o conocida por demasiadas personas, que en el caso de ser citadas pudieran informar a la Guardia Civil».

Un mes después, el 5 de septiembre, Rosa María Rodríguez comenta por teléfono con otro compañero las dificultades para tener listo el proyecto en el plazo previsto, y especifica que «lo mejor sería hacerlo cagando leches ya que mañana aprueban la ley esa». Efectivamente, al día siguiente, el 6 de septiembre, los diputados del PDeCAT, ERC y la CUP aprobaron en el Parlament la Ley de convocatoria del referéndum ilegal de independencia, vulnerando la prohibición del Tribunal Constitucional.

El sumario recoge otras conversaciones en las que Rosa María Rodríguez alude a otros altos cargos de la Generalitat que están al corriente del proyecto. Entre ellos, el secretario de Telecomunicación, Ciberseguridad y Sociedad Digital, Jordi Puignero Ferrer; el coordinador general de Proyectos de la Generalitat, David Ferrer, y el director del CESICAT, Xavier Gatius Garrriga.