Vox pide la dimisión inmediata del «indigno» Marlaska por «prevaricador»

Vox Fernando Grande-Marlaska
Macarena Olona (Foto: Vox).
Juanan Jiménez
  • Juanan Jiménez
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Vox considera que Fernando Grande-Marlaska es un «indigno y un prevaricador» y piden su dimisión después de que la Audiencia Nacional haya anulado la destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, después de que Marlaska le destituyera por no informarle de las investigaciones que estaba llevando a cabo la Benemérita como policía judicial en el caso del 8M y la Delegación del Gobierno de Madrid.

Vox ha pedido la «dimisión inmediata del indigno ministro del Interior. Por indigno y por prevaricador», ha reivindicado la diputada de Vox y portavoz en la materia en el Congreso, Macarena Olona, en su cuenta personal de Twitter.

El líder del partido, Santiago Abascal, ha ido más allá y ha defendido que todo el Gobierno «ilegítimo» al completo debería dimitir «por su gestión criminal, sus pactos con los enemigos de España, sus acciones totalitarias, sus purgas antidemocráticas y su ataque a la independencia judicial».

La decisión ha sido adoptada por el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo 8 de la Audiencia Nacional, anulando y dejando sin efecto el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, acaecido el pasado mes de julio.

Investigación del 8M

El 25 de mayo de 2020 Fernando Grande-Marlaska destituyó a Pérez de los Cobos, que en ese momento era el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. El motivo aducido por Interior fue «pérdida de confianza» hacia el mando del instituto armado. Pero lo que escondía la decisión era el enfado monumental de Marlaska porque el coronel no le había informado de las pesquisas que estaban llevando a cabo guardias civiles por orden de un juzgado de Madrid que investigaba la responsabilidad de la Delegación del Gobierno, con José Manuel Franco al frente, en la expansión de la pandemia por no suspender el 8M y otros actos multitudinarios en la capital.

La destitución del coronel se produjo en plena instrucción de un procedimiento judicial contra Fernando Simón y el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por haber permitido el 8-M habiendo prohibido días antes un congreso religioso, como adelantó OKDIARO. La investigación que dirigía la Comandancia de Madrid presentó un informe por el que el Juzgado de Instrucción nº51 de Madrid ve un posible delito de prevaricación.

La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil encontró posibles indicios de que Sanidad y el Gobierno conocían la gravedad del virus que ya se expandía sin control por España. Aún así, se permitió realizar 480 marchas feministas en todo el país, en las que según datos de las Delegaciones del Gobierno participaron más de 600.000 personas. 120.000 sólo en Madrid. El informe de la Guardia Civil advertía que es «cierto y seguro» que las marchas influyeron en la difusión del virus.

Al día siguiente de aquellas manifestaciones, el lunes 9 de marzo, Sanidad informó de un «cambio de escenario», se inició el cierre de escuelas y negocios y culminó, sólo 5 días después, con la declaración del estado de alarma. Las pesquisas de la Guardia Civil muestran que pudo darse algún tipo de negligencia en la acción del Gobierno.

 

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