Urnas por sorpresa, policías ladrones y el ‘votar no es delito’ del separatismo

«…son libres de disentir con la ley, pero no de desobedecerla. Porque en un Gobierno de leyes y no de hombres, ningún hombre, por muy prominente o poderoso que sea y ninguna turba por muy rebelde o bulliciosa que sea, tiene derecho a desafiar a un tribunal de justicia» (J. F. Kennedy)

Empezar con esta reflexión es, hoy, imprescindible. Lo es porque el juicio al ‘procés’, en el Tribunal Supremo, ha vuelto a ser terreno (estéril) para que los testigos de las defensas -ciudadanos y activistas que estuvieron presentes en los centros de votación el 1-O, y resultaron heridos- apelasen de nuevo a ese manido mantra independentista de que ‘votar no es delito’. El mismo que exhibió el propio Oriol Junqueras, hasta en cuatro ocasiones, durante su declaración.

No hay otra excusa ni alegato, medianamente racional, para explicar la presencia y participación de todos ellos en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Tampoco su flagrante desobediencia a la Constitución -que les corrige en su artículo 92- donde se establece que las «decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos». De todos. No de una parte de los mismos. Tal y como apuntaba el fiscal Zaragoza, al comienzo del juicio, para desmontar el eufemismo independentista:»El derecho a decidir corresponde a todo el pueblo español». «No hay una soberanía catalana, hay una soberanía española», y, por tanto, «no se puede sustituir la soberanía del pueblo», en su conjunto, por ninguna «de los pueblos que lo integren”.

La Abogacía del Estado interroga, en este sentido, a los testigos. «¿Conocían la existencia de un mandato previo del Tribunal Constitucional?», que había prohibido el referéndum, «¿y a lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña?», que instaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado a impedirlo. «Sí», responden la mayoría. Todos a excepción de Albert Salvadó, concejal de Esquerra Republicana de Cataluña en San Carles de la Rápita. Salvadó -investigado tras una denuncia de los Mossos por su actuación con la policía el 1-O- ha condenado la «violencia explícita» de la Guardia Civil contra sus vecinos y familiares heridos a quienes ha citado, uno a uno, por su nombre de pila.

Los testigos de las defensas han respaldado, en varias ocasiones, las tesis acusatorias de la Fiscalía.

Cabe entonces preguntarse qué clase de ensoñación, individual o colectiva, llevó a pensar a los votantes que guardias civiles y policías no actuarían, o que no lo harían recurriendo a la fuerza necesaria y proporcional que la situación requería. Poco importa si quienes se lamentan, ahora ante el tribunal, exhibieron, o no, entonces sus acreditaciones como representantes públicos, diputados o senadores, alcaldes de las localidades u otra suerte de autoridades. Si algo debería estar fuera de toda discusión, en esta causa, es que ni siquiera ellos quedaban excluidos del cumplimiento de la ley o del ámbito de actuación policial que, en el legítimo ejercicio de sus funciones, les conminaba a cumplirla.

Más allá de lo anecdótico de unas declaraciones que han resultado entre infantiles, abultadas y esperpénticas, por momentos, la realidad es que a preguntas de los fiscales Cadena y Moreno -también a las de la Abogacía del Estado- la mayoría de los testigos ha venido a confirmar, no sin tratar de evitarlo con más o menos acierto, algunos de los argumentos en que apoyan las acusaciones el delito de rebelión.

El principio de contradicción se está complicando para los abogados. Algunos de los relatos han actuado más bien poco en descargo de los acusados. Y, así las cosas, para qué buscar ‘enemigos’ entre los defensores policiales del Estado, si la verdad material de los hechos, previo juramento, no entiende de vínculos emocionales con los ‘amigos’, ni de incumplimientos legales.

Carniceros, pasteleros y ‘autoapoderadas’

Los votantes del 1-O se han presentado ante el tribunal del ‘procés’ como gente pacífica y no violenta que ni insultaron, ni amenazaron, a unos policías que «apalearon» y «abrieron cabezas» -«gratuitamente» y de «manera desproporcionada»- por ejercer «su derecho a la protesta y al voto» en un referéndum que, todos sabían, estaba prohibido.

«El comportamiento de la gente fue ejemplar» repiten como un mantra, uno tras otro, los testigos. «Había ilusión y emoción», insisten. «Somos gente de paz», coreaban. Pero son incapaces de articular cómo su presencia frente a las puertas de los centros de votación -a modo de tapón que dificultaba, conscientemente, el acceso a los colegios para incautar el material electoral por muy espontáneo que el gesto fuera- resultaba compatible con su voluntad de no perjudicar el trabajo de los agentes judiciales.

Ellos a lo suyo, ajenos a zarandajas legales, con las manos en alto mostrando «de manera inequívoca» una actitud «de no violencia» y negando haber visto a ninguno de los votantes o vecinos proferir insultos o agredir a los agentes policiales. Contrasta el relato con el de varios de los efectivos que denunciaron hace unas semanas, en esta misma Sala, cómo les insultaron, les tiraron monedas, botellas de plástico y piedras «que no caben en una mano». Algo que ningún testigo ha reconocido, aunque a algunos se lo contaron.

Los testigos insisten en que la única violencia que vieron el 1 de octubre de 2017 fue la de la policía frente a ellos y su actitud «inequívocamente» pacífica. 

Los agentes «se iban replegando poco a poco» y «la gente les acompañaba con los brazos en alto, mientras les decían que ‘habían perdido’», afirma uno de los testigos. Se interesa la Fiscalía sobre el detalle de si en aquella misma escena tres vehículos policiales quedaron aislados y si hubo lanzamiento de piedras contra los mismos: «Yo allí no estaba. Si pasó lo condeno pero entiendo que, después de ver cómo a nuestros amigos les abrían la cabeza, alguien pudiera perder los nervios», justifica. «También escuché después que hubo intentos de algún coche de Guardia Civil de atropellar a la gente que estaba delante», comenta.

La policía llegó a primera hora a los colegios «de muy malas maneras, si alguien caía al suelo no les preocupaba mucho. Aparecieron guardias civiles uniformados y nos apalearon. Se pusieron en formación militar, o lo que sea, llevaban los cascos puestos y nos pegaban con las defensas en la barriga y en las partes bajas, a los más altos cuando se agachaban por el dolor les abrían la cabeza», asegura un testigo por la mañana. «Estaban los carniceros del pueblo, pasteleros, pescadores, … todos nos conocíamos», insiste apelando al sentimentalismo como justificación para la desobediencia.

«La Guardia Civil, sin aviso y sin decir nada, entró a saco a sacarnos», ha dicho un ciudadano sobre lo vivido que, en un primer momento, pensó que «sería igual» que la consulta del 9-N, antes de reconocer que, pese a ello, aquel día fue el «mejor voto» de su vida. Era «un domingo como el 28-A», asegura otro testigo en el transcurso de su relato. Pudiera ser que sí que insultase a los agentes «pero no sabría decirle con certeza», lo seguro es que «nadie les amenazó». «La única violencia que yo vi fue de la policía contra los concentrados que estábamos ejerciendo la voluntad de votar. Sabíamos que ir a votar no era ningún delito. A mí me agredieron pero no sufrí lesiones. Sí hubo alguna patada de la policía meramente provocativa», afirma. Y todo eso pasó porque «no se supo mediar».

Una testigo asegura que los policías se llevaron, en varias bolsas de basura, material escolar, disfraces, juegos de cartón y comida para celíacos del colegio donde ella votaba el 1-O. 

«Yo era apoderada», responde la protagonista del día a preguntas de la Abogacía. La segunda testigo comienza explicando que era una suerte de ‘autoapoderada’ investida de dicha competencia consigo misma, para terminar reconociendo que fue designada por ERC, «voluntariamente», matiza, de quien niega, no obstante, haber recibido ningún tipo de consigna relativa a cómo comportarse en dicho cargo.

«La policía entró con porras rompiendo la cristalera. Reventaron la puerta de la cocina, del almacén del material escolar, de la cocina, … Un policía levantó su porra contra una abuelita. Cuando logró acceder al interior yo ya estaba fuera, salí por la puerta de la cocina. Estábamos manifestándonos», insiste. «¿Pero impedían el acceso a la policía?», persevera la letrada el Estado, Rosa María Seoane. «Sí», termina confesando. 

Pilar, que así se llama, pertenece a ese grupo de ciudadanos que pernoctaron en los centros de votación «haciendo actividades mientras esperábamos». «Yo dormí en el colegio y cuando me desperté las urnas estaban ya allí, dentro del gimnasio», por sorpresa, como por arte de magia. Según ella, además, los agentes no se incautaron material electoral, como las urnas -que ha negado saber de dónde salieron-, si bien se llevaron, en varias bolsas de basura, material escolar, disfraces, juegos de cartón y comida para celíacos.