El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sigue diseñando y pactando medidas para disparar el gasto público de España. La última de estas reformas supondrá el traslado de las tensiones de deuda y gasto a los municipios. Las reformas adoptadas por el PP en la pasada legislatura incluyeron todo un mecanismo de control de las finanzas municipales. Ahora Sánchez quiere hacerlo saltar por los aires.
El impacto puede ser más que notable. Y es que la deuda municipal en estos momentos se sitúa en 20.951 millones de euros. Y todo ello después de un potente plan de reconducción de las finanzas de los ayuntamientos. Hay que recordar que uno de los grandes problemas en la crisis pasada fue precisamente la imposibilidad de pagar las facturas por parte de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Una situación a la que se llegó por el descontrol del gasto en estas administraciones.
Ahora Pedro Sánchez planea eliminar toda esa estructura de control. Bajo el pretexto de garantizar “los elementos nucleares de la autonomía local”, los socialistas consideran que se debe dejar atrás la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales y que “la Constitución debería reconocer al municipio como unidad territorial básica, así como sus competencias propias”. Y todo ello, partiendo, en cualquier caso, de que “resulta esencial la mejora de la financiación mediante la previsión de tributos propios mínimos, sin perjuicio de otros que puedan ser reconocidos por la legislación estatal y autonómica, así como facilitar la libre disposición de los recursos derivados de la participación en los ingresos del Estado”. En resumen: eliminar los actuales sistemas de control del gasto y de la deuda municipales.
Sostenibilidad financiera
La ley que tanto molesta a los socialistas persigue desde diciembre de 2013 varios objetivos básicos: clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio “una Administración una competencia”; racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera; garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso; y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.
Y sobre todo, puesto que “existe una estrecha vinculación entre la disfuncionalidad del modelo competencial y las haciendas locales. En un momento en el que el cumplimiento de los compromisos europeos sobre consolidación fiscal son de máxima prioridad, la Administración local también debe contribuir a este objetivo racionalizando su estructura, en algunas ocasiones sobredimensionada, y garantizando su sostenibilidad financiera”, tal y como señala la propia ley.
Porque la realidad es que es una ley pensada para evitar el despilfarro y endeudamiento masivo de los municipios. Y esa norma es la que ahora quiere eliminar Pedro Sánchez.
