Sánchez no prorrogará el estado de alarma en Madrid pero peleará por el control con la Ley de Salud

Pedro Sánchez sabe que tramitar una prórroga del estado de alarma en Madrid por otros 15 días puede ser un trago parlamentario más que duro y difícil de argumentar, especialmente cuando debería lograr el apoyo en las Cortes de los partidos separatistas, que no quieren ni oír hablar de una medida de corte centralista. Por eso el Gobierno dejará caer el estado de alarma y quiere pasar a un esquema de control sanitario en base a la Ley General de Salud Pública. Un esquema en el que aplique medidas para todos los territorios con más de 200 casos de contagio por 100.000 habitantes en incidencia acumulada en 14 días.

A partir de ahora y en la reunión de este miércoles se debatirán entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno central los detalles de la aplicación de las nuevas medidas de control, pero ya sin el paraguas legal del estado de alarma, algo que puede generar problemas jurídicos en caso de querer aplicar medidas excesivamente traumáticas. Por eso, Pedro Sánchez quiere dar una apariencia de consenso a sus nuevos pactos entre regiones -o imposiciones-.

El Gobierno de Sánchez y Pablo Iglesias deja, de este modo, en el dique seco su estado de alarma unidireccional contra Madrid ante la evidencia de que los datos científicos son demasiado obscenos como para mantenerlos en solitario con la comunidad gobernada por la ‘popular’ Isabel Díaz Ayuso.

Y es que, si el mismo día de la imposición del estado de alarma en Madrid capital por tener Madrid Comunidad un dato superior a los 500 casos de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes, Navarra se situaba también por encima de ese umbral, ahora el dato es imposible ya de camuflar: este lunes por la mañana, la Comunidad de Madrid marcaba una incidencia de 451 y Navarra de 847. Es más, por encima de Madrid se encontraban Aragón, con 455 casos; Melilla, con 549; La Rioja, con 453; y Castilla y León se situaba en puertas de ese nivel con 412.

Cifras imposible de ocultar

Todo ello sin contar con el hecho de que en los últimos siete días superaban el nivel de Madrid (195 casos), con un margen claramente más grave de nuevo La Rioja (262, Navarra (498), Melilla (293) y Aragón (247). Lo que quiere decir que la reconducción de la enfermedad en Madrid era imposible de ocultar ya frente a otros territorios. Por ello, pasado ya el golpe a Madrid, Sánchez piensa en otra de forma de tomar el control: ahora por medio de la Ley General de Salud Pública.

Hay que recordar que, tal y como ha publicado ya OKDIARIO, los partidos separatistas advirtieron desde el inicio de que no verían con buenos ojos un estado de alarma ampliado y estirado porque acabaría por afectarles, debido a los malos datos de control del coronavirus cosechados por regiones como Navarra. Los partidos separatistas no comparten el estado de alarma por su connotación centralizadora.

Por otro lado, se encontraba la propia oposición a esa medida de territorios gobernados por los socialistas como Aragón y La Rioja, que registran ya una incidencia acumulada de coronavirus superior a la Comunidad de Madrid. Junto a Navarra, que lleva días por encima, y también cuenta con Gobierno socialista -con apoyo de separatistas, Podemos y proetarras-.

Pese a todo ello, el Ministerio de Sanidad sólo ha impuesto hasta ahora medidas severas a la región madrileña. Sanidad admite ya en uno de sus últimos balances que ambas comunidades ya adelantan a la gobernada por la ‘popular’ Isabel Díaz Ayuso.

El ministro de Sanidad, pese a ello, no ha levantado hasta ahora la estricta medida contra Madrid, ni ha decidido adoptar soluciones tan severas contra otros territorios. Según aseguró esta semana, para dejar sin efecto el estado de alarma, la incidencia tendría que bajar «muchísimo más». Esto es, por debajo de 200 casos cada 100.000 habitantes, «idealmente alrededor» de 100 casos. Un listón improvisado para justificar el confinamiento de la región.

Ahora, el Gobierno de Sánchez recula también de este dictamen y dejará caer el estado de alarma para no tener que aplicarlo al resto de territorios con niveles cercanos a los 500 casos.

Por su parte, Illa defendió la semana pasada que no se actuase con la misma severidad contra Navarra porque aunque «hay una incidencia alta acumulada», hay un «70 % de trazabilidad», en referencia a aquellos casos en los que se detecta el origen. «Veremos si funcionan las medidas adoptadas y si no iremos un paso más allá», dijo el ministro en aquel momento.

Otras comunidades

El Gobierno ha centrado su ofensiva contra la comunidad madrileña, pese a los datos, y ha renunciado desde el inicio a hacer lo mismo con otras regiones que presentan cifras preocupantes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado mientras en su sistema de monitorización del virus la buena tendencia de la Comunidad de Madrid, donde el riesgo de contagio retrocedió un 27% en los días colindantes al decreto del estado de alarma. Esta herramienta es de acceso público y se denomina WHO European Region COVID19 Subnational Explorer.

El pasado martes, de hecho, el propio Ministerio de Sanidad tuvo que admitir que los datos en la comunidad permitirían ya levantar el estado de alarma, puesto que la región registraba una incidencia acumulada inferior a 500 casos por 100.000 habitantes, el umbral ficticio establecido por Illa para confinarla.

Al defender el estado de alarma en el Congreso, Illa perseveró en manipular las cifras para dar a entender que la situación en la región  madrileña es crítica. Habló así de que la incidencia es el doble del promedio nacional y calificó de «insuficientes» las medidas que estaban aplicándose por parte del Ejecutivo regional. El ministro defendió el ‘decretazo’ en que «era muy importante que la situación epidemiológica en Madrid no se extendiera por España». «Teníamos que minimizar el riesgo de exportación de una situación grave de un territorio a otro», destacó.

Desde el PP han exigido que se levante esta medida desde el inicio por considerarla «arbitraria y autoritaria». La portavoz popular, Cuca Gamarra, acusó a Illa en el Congreso de utilizar la salud ciudadana como «coartada».