Amplían ilegalmente una mezquita en un parque de Barcelona ante la pasividad de los socialistas de Illa

Unas obras de ampliación del espacio de culto que usan los musulmanes en una zona verde de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) han desatado la polémica y una fuerte bronca municipal, fundamentalmente por la pasividad del Gobierno municipal que encabeza el PSC de Salvador Illa, presidente de la Generalitat.

Los musulmanes de esta localidad catalana utilizan desde hace tiempo unos barracones ubicados en el Parque de Can Zam que usan a modo de mezquita, una actividad que cuenta con el permiso del Ayuntamiento, aseguran las fuentes municipales consultadas.

Sin embargo, desde hace «unas tres semanas», según sostienen las mismas fuentes, se ha levantado aquí una estructura metálica que ha pasado a ser visible, en altura, desde cierta distancia. Ha sido ello lo que ha llevado a la oposición a denunciar esta «ilegalidad» y a pedir explicaciones al Ayuntamiento que dirige la socialista Mireia González, que sustituyó en 2024 a Núria Parlon en la Alcaldía cuando ésta fue nombrada consejera de Interior del Gobierno de Illa.

El PP de Santa Coloma ha registrado una denuncia administrativa por la «construcción ilegal de una mezquita» o «ampliación de la existente en terrenos protegidos». Los populares apuntan que estos terrenos son de titularidad municipal, aunque gestionados por la entidad pública Área Metropolitana de Barcelona que preside el alcalde de la Ciudad Condal, Jaume Colboni (PSC).

«En el Parque Municipal de Can Zam, en la zona conocida como zona de la mezquita, se ha constatado la ejecución prolongada en el tiempo de obras de entidad, consistentes, al menos, en estructura metálica, cimentaciones de hormigón y otros elementos constructivos propios de una edificación cerrada», remarcan los populares.

La zona afectada, indican, «constituye suelo de titularidad pública, calificado como zona verde y de especial protección, próxima al cauce fluvial, donde el planeamiento urbanístico y la normativa sectorial limitan de forma estricta las posibilidades edificatorias», precisa el PP de Santa Coloma.

En este sentido, los populares añaden que, «pese a la notoriedad y duración de las obras, no consta información pública relativa al correspondiente título habilitante para la realización de actuación alguna sobre el dominio público».

«Se desconoce, por tanto, la existencia de licencia urbanística, proyecto técnico aprobado ni actuaciones de inspección visibles durante el periodo observado», enfatizan.

Además, subrayan que tales actuaciones han supuesto una «afección indirecta a una colonia felina urbana existente en la zona, circunstancia que, sin constituir el objeto principal de la presente denuncia, resulta relevante desde la perspectiva de la protección medioambiental y del bienestar animal».

Entretanto, desde el Ayuntamiento de Santa Coloma ya se habría «abierto expediente» al respecto para la «paralización» de estas obras, aseguran fuentes municipales, reconociendo su carácter ilegal. Sin embargo, el PP de Santa Coloma, a través de su presidente, Miguel Jurado, critica que «el Gobierno municipal no haya reaccionado hasta la denuncia» realizada por su formación. «No han actuado motu proprio», apostilla Jurado en declaraciones a este periódico, incidiendo en la pasividad del Ejecutivo socialista.

«Opacidad deliberada»

Por su parte, también Vox ha exigido «esclarecer la situación urbanística de la mezquita ubicada en el barrio de Can Zam, ante las sospechas de que se estén realizando obras de ampliación sin las licencias y permisos preceptivos».

Desde la formación de Santiago Abascal denuncian que, a pesar de las reiteradas consultas realizadas en las últimas semanas, «el equipo de gobierno socialista ha mantenido una actitud de opacidad deliberada sobre el estado legal de estos trabajos», recalcan.

Aitor Navarro, concejal de Vox en este Ayuntamiento, ha señalado que esta cuestión es responsabilidad directa del Ejecutivo local. «Exigimos una explicación inmediata del Gobierno socialista. No podemos permitir que en Santa Coloma existan ciudadanos de primera y de segunda; mientras a cualquier vecino se le exige hasta el último papel para una reforma mínima, parece que aquí se mira hacia otro lado», ha lamentado Navarro.