Illa dobla el pulso al PSOE: impone el catalán a los inmigrantes después de que el Gobierno lo rechazara
Bolaños aseguró que imponer el catalán como requisito era "un debate inexistente"
La enmienda presentada este jueves por el Gobierno del socialista Salvador Illa para que el conocimiento del catalán sea requisito obligatorio para los inmigrantes regularizados incluye una condición, en el mismo texto, a través de la cual la Generalitat propone que los inmigrantes que resulten beneficiarios de este proceso tengan un plazo de hasta un año desde que obtienen la residencia para haber iniciado sus estudios de catalán.
De esta manera, Illa impone el catalán a los inmigrantes como requisito y lleva la contraria al Gobierno de España, comandado por su partido, el PSOE, toda vez que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantuvo hace meses que el acuerdo entre socialistas y Junts para el traspaso de las competencias migratorias en Cataluña no contenía «ninguna referencia a ningún requisito».
En particular, Bolaños negó que el catalán pudiera ser condición tras la transferencia. «Es un debate inexistente con el simple hecho de leer la proposición de ley», afirmó el ministro socialista, que se encuentra con que Illa ahora propone que sea condición el aprendizaje del catalán para la regularización.
Si bien aún queda concretar cómo se acreditará este aprendizaje del catalán, el objetivo declarado por la Generalitat es reforzar la integración lingüística como «un elemento de cohesión social». Por tanto, se derogaría el permiso a los inmigrantes que, transcurrido un año, no demuestren su conocimiento del catalán con un curso acreditativo.
La iniciativa se articula bajo la premisa del conocimiento del catalán como requisito en la regularización de inmigrantes en territorio catalán y se articula a través de una enmienda presentada por el Gobierno de Illa al Proyecto de Real Decreto sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes, que ha promovido el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en acuerdo con Podemos, con el objetivo de legalizar a quienes residen en España sin documentación.
La enmienda plantea desde Cataluña que, en el momento de la primera renovación del permiso de residencia, se valore el aprendizaje del catalán como un «criterio positivo de integración», dentro de un proyecto de real decreto de regularización extraordinaria diseñado para beneficiar a cientos de miles de personas en situación irregular en España, con unos 500.000 inmigrantes potencialmente afectados en todo el país y alrededor de 150.000 sólo en Cataluña.
En la actualidad, el 90% de los permisos de residencia se tramitan a través de la figura del arraigo, vía por la que el solicitante presenta en algunos casos un informe de inserción social. En Cataluña, esto exige el curso básico de catalán, pero por el momento no es vinculante. La propuesta de modificación del Reglamento de Extranjería convertirá la cuestión en vinculante, acercando la aspiración del Gobierno de Illa y de Junts de que sea directamente la Generalitat quien apruebe o deniegue estos expedientes.
Los argumentos de Illa
El Departamento de Política Lingüística de la Generalitat asegura que la iniciativa busca favorecer la «integración cultural y social» de las personas que se instalan en Cataluña, partiendo de la idea de que el conocimiento de la lengua local facilita la participación activa en la vida comunitaria y en el mercado laboral.
El consejero responsable de la política lingüística ha subrayado que el objetivo no es «imponer barreras», sino «estimular» el aprendizaje del catalán como «herramienta de inclusión». Asimismo, se ha comprometido a ampliar la oferta de cursos y formación lingüística para asegurar que quienes lo necesiten puedan acceder fácilmente a clases, especialmente en niveles básicos.
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