Sánchez se compromete a bloquear en los tribunales los juicios por delitos separatistas

Pedro Sánchez acaba de asumir con ERC el compromiso de vaciar los tribunales de causas abiertas contra los separatistas. El pacto invade de este modo la independencia judicial y pisotea la capacidad de actuación de la Fiscalía al asumir, como compromiso de Gobierno, “el reconocimiento del conflicto político y la activación de la vía política para resolverlo […], superando la judicialización del mismo”.

La frase introducida en el pacto entre el PSOE y ERC señala lo siguiente: «Partimos del reconocimiento de que existe un conflicto de naturaleza política en relación al futuro político de Catalunya”. Y, como solución plantea que “como cualquier conflicto de esta naturaleza, sólo puede resolverse a través de cauces democráticos, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización del mismo”.

“Superar la judicialización” es la fórmula que han empleado tradicionalmente los separatistas para referirse a la paralización de los juicios contra los acusados de delitos separatistas -desde los producidos en los ataques callejeros, hasta la utilización de espacios públicos para poner los lazos amarillos, hasta directamente los de terrorismo-.

Hay que recordar que son varios los delitos relacionados con separatismo que están siendo juzgados en estos momentos. La Audiencia Nacional, sin ir más lejos, decretó recientemente la libertad bajo fianza de 5.000 euros para Ferran Jolis, uno de los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por integración en organización terrorista.

Hace menos de un mes el tribunal ya dejó en libertad bajo fianza a Xavier Duch, Eduard Garzón y Xavier Buigas, que deberán cumplir ahora algunas medidas cautelares, como una comparecencia semanal ante el juzgado, la prohibición de salir de España y la fijación de un teléfono, domicilio y persona de contacto para recibir cualquier tipo de comunicación judicial.
Esta decisión se tomó después de que la Fiscalía cambiara de opinión y en sólo un mes solicitó la libertad bajo fianza para los detenidos, alegando que «no manipularon el material explosivo», tal y como adelantó este periódico.

El propio Quim Torra ha sido inhabilitado por poner lazos amarillos en sedes públicas. Dieciocho meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público y una multa de 10 meses, con una cuota diaria de 100 euros para el presidente catalán por desobediencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha notificado ya su fallo sobre el caso de ‘los lazos’ contra el actual jefe del Ejecutivo autonómico tras colgar de la fachada del Palau de la Generalitat en Barcelona símbolos separatistas, durante la campaña electoral y en contra de las órdenes explícitas de la Junta Electoral Central (JEC). Y el propio Carles Puigdemont está pendiente de juicio por el golpe separatista del 1-O.

Todo ello sin contar con los presos condenados ya -encabezados por el líder de ERC, Oriol Junqueras- que cumplen penas por sedición y malversación. Todos ellos conforman la parte más visible de una larga serie de delitos que se completan con otros CDR, con Tsunami y con ataques callejeros generalizados que, ahora, Sánchez, se compromete a sacar de los tribunales.