PSOE y Podemos quieren despenalizar los insultos a la religión y a las celebraciones católicas

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, líderes del PSOE y Podemos, respectivamente, pretenden afrontar una reforma del Código Penal para desarticular lo que ellos consideran una ley mordaza y que afecta, entre otras cuestiones, al tratamiento penal a los insultos a la religión y a las celebraciones de actos religiosos como las procesiones de Semana Santa. El acuerdo se negoció ya con motivo del intento de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del PSOE. Ahora, tras la caída de aquellas cuentas públicas, se ha retomado ese pacto y cuenta ya con el consenso de ambos partidos para despenalizar los insultos y vejaciones a la religión.

La avanzadilla en esta materia la lleva el partido que se hizo famoso, entre otras múltiples cosas, por la profanación de una capilla por parte de la concejal de Madrid Rita Maestre y sus amigas. Y es que Podemos ya ha plasmado en su programa electoral de cara al 28-A el compromiso firme de acabar con “las leyes mordaza y los delitos medievales de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona”. La parte que concierne a la institución regia ya era más conocida, pero la misma contundencia –lo llaman “delitos medievales”– la muestran ahora los morados para cargar contra las vejaciones e insultos a la religión, así como a los actos y las ceremonias religiosas, las cuales, en España –obviamente– son mayoritariamente católicas.

Desde Podemos señalan que “en 2015, el Partido Popular (PP) nos devolvía a tiempos predemocráticos con la aprobación de las leyes mordaza –es decir, la Ley de Seguridad Ciudadana– y la reforma del Código Penal en sus limitaciones a la acción política libre. Nuestro país se merece una democracia del siglo XXI y, por ello, derogaremos las leyes mordaza y reformaremos el Código Penal para acabar con la criminalización de la libertad de expresión y de opinión”. Y es que, según ellos, eso pasa por poder insultar creencias religiosas.

El PSOE ya negoció –y aceptó– de cara a los fallidos Presupuestos las citadas exigencias. Ahora, con los comicios generales a la vuelta de la esquina, lo vuelve a hacer como compromiso de gobernabilidad y de un futuro pacto con Podemos, por supuesto, con permiso de las urnas. De este modo, el PSOE refleja en su programa electoral el compromiso de promover “una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que sustituya a la llamada Ley Mordaza”.

Esa norma, tal y como se señala en las propuestas socialistas, facilitará los mismos postulados de los podemitas: “Aprobaremos una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que sustituya a la llamada «Ley Mordaza» con el acuerdo de la mayoría de los grupos, reforzando la protección de las personas y asegurando un marco legislativo que facilite el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica”.

Ese pacto con otras fuerzas políticas evidentemente lo será con Podemos, donde ya tienen el acuerdo para despenalizar los insultos a la religión. “Un nuevo texto donde la sociedad española sienta reflejados sus derechos y sus libertades y en el que garanticemos la protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, puntualiza el programa del PSOE. La traducción, salvo en el campo de la protección a los policías, es que desde el PSOE aceptan todo lo solicitado por Podemos.

Hay que recordar, además, que la proposición de ley fue trasladada hace ya casi medio año por Unidas Podemos y tuvo el respaldo del PSOE, así como de los partidos separatistas y nacionalistas –ERC, PDeCAT, PNV y Compromís–. No obstante, contó con el rechazo desde el inicio de PP y Ciudadanos, pues ambas formaciones consideraron que en ningún momento la reforma buscaba “proteger la libertad de expresión” reformando el Código Penal, sino que buscaba dar “una barra libre” para insultar, incitar el odio o atacar los símbolos y las instituciones del Estado o religiones con total “impunidad”.

El acuerdo presupuestario cerrado entre PSOE y Podemos también recogió esta modificación de los artículos del Código Penal que hacen alusión a los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona, y a la recomendación genérica de «restringir al máximo la posibilidad de que el debate público pueda ser perseguido penalmente». Entre esos artículos, estaban el que recoge el delito de ultraje a la patria y el delito de escarnio público o vejación pública de los representantes de las confesiones.
Ahora, en una campaña electoral que se celebra en plena Semana Santa, los dos partidos eje de la izquierda vuelven a la carga con esta reforma.