El PP ve de «dudosa constitucionalidad» la cacicada de Armengol de imponer las lenguas cooficiales

La representación del PP en la Mesa del Congreso considera que la imposición de la presidenta socialista, Francina Armengol, y la mayoría del órgano rector de la Cámara (la que conforman PSOE y Podemos) de que en el Pleno del próximo martes los diputados puedan usar ya en exclusiva las lenguas cooficiales, es una cuestión de «dudosa constitucionalidad». Por ello, no descartan emprender acciones legales a fin de «salvaguardar el buen gobierno» de la institución.

Así lo señalan fuentes del PP, apelando al artículo 3 de la Constitución, según el cual «el castellano es la lengua española oficial del Estado» y, aquí la clave, «las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos». De esta manera, las fuentes del PP recalcan que el acuerdo adoptado este martes por la Mesa, con el voto en contra del Grupo Popular, es de «dudosa constitucionalidad en tanto establece la imposición de las lenguas cooficiales sin con un carácter general y sin limitación alguna al permitir hablar solamente en una lengua que es sólo cooficial en su comunidad autónoma», pero no en Madrid, en la sede de la soberanía nacional. «No estamos en contra de las lenguas cooficiales, sino de este atropello a los derechos de todos los diputados», enfatizan desde el PP sobre la cacicada de Francina Armengol.

Además, las fuentes del PP denuncian que la decisión de la Mesa, controlada por el PSOE y Sumar, va en contra de la propuesta de los letrados del Congreso, que han planteado que esta reforma del Reglamento se acometiese una vez fuera abordada y consensuada en la correspondiente Comisión de Reglamento, la cual todavía no ha sido constituida. Por ello, los populares recalcan que «estas prisas del PSOE y sus socios no son las urgencias de la sociedad españoles, por lo que este asunto ni es prioritario ni se justifica el que haya sido tramitado en lectura única», indicen.

Desde el próximo martes, ya podrán intervenir los traductores para aquellos diputados que quieran expresarse únicamente en catalán, euskera, gallego, valenciano y aranés. Además de las lenguas cooficiales que requerirán dicha traducción simultánea de varios intérpretes, los diputados que lo deseen podrán hablar en otras lenguas no oficiales, como el aragonés o el bable, siempre que el propio parlamentario se autotraduzca utilizando el tiempo de intervención, precisan fuentes parlamentarias.

En este contexto y dada la relevancia de la reforma, los miembros del PP en la Mesa solicitaron hasta en dos ocasiones un informe jurídico concreto sobre la viabilidad y legalidad de la misma, pero desde los partidos del Gobierno de Pedro Sánchez se replicó que ello no era necesario dado que los letrados ya proponían la admisión a trámite del texto en la nota -no vinculante- analizada este miércoles.

Precisamente, sobre la nota de los letrados, los representantes del PP en la Mesa han precisado que en ella advierten que es «muy difícil» aplicar el uso de las lenguas cooficiales «a corto plazo» y en toda la actividad parlamentaria, puesto que la reforma planteada afecta al «entero funcionamiento de la Cámara».

La Mesa del Congreso, con el rechazo del PP, decidió este miércoles contratar ahora traductores temporales -después se abrirá ya un concurso público- para poder usar las lenguas cooficiales en el Pleno desde el próximo martes, una sesión que ha sido convocada precisamente para debatir esa reforma y en su caso, aprobarla en otro Pleno dos días después. De este modo, Francina Armengol se ha impuesto el uso de pinganillos incluso antes de que haya aprobado la reforma formalmente, algo contra lo cual alertaba también el informe de los letrados del Congreso.

«Giro copernicano»

«Esto es una falta de respeto y obedece a unos acuerdos políticos para la compra de votos», lamentan los populares ante una eventual investidura de Sánchez, al tiempo que acusan al PSOE y sus socios de querer así «empañar» el debate de investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien hará una «defensa de la igualdad de los españoles» los días 26 y 27 de septiembre. Junto a ello, y ante lo que denominan como «giro copernicano» de Sánchez y los suyos, las fuentes recuerdan que hace un año el PSOE se opuso a este chantaje de los independentistas en el Congreso, entonces presidido por la socialista Meritxell Batet, que dejó hace una semana su acta de diputada y la primera línea política. Para el PP, además, Francina Armengol ha faltado a su palabra puesto que prometió al tomar posesión que la reforma del Reglamento se haría con «consenso».

Es más, desde el PP expresan su incredulidad al observar que el acuerdo adoptado por PSOE y Sumar este miércoles choca incluso con su propia propuesta de reforma del Reglamento, registrada de la mano de separatistas y nacionalistas. Los populares hablan de una «contradicción flagrante» entre la resolución de hoy para la contratación de traductores temporales -algo que no estaba en el orden del día- y la disposición transitoria de la propuesta de reforma del reglamento, que señala que sólo tras su entrada en vigor sería la Mesa, oída la Junta de Portavoces, la que establecería los «procedimientos y los medios para llevar a cabo la aplicación práctica de esta reforma parlamentaria».

Ley de Contratos

En otro momento de la reunión de la Mesa, según las fuentes, los representantes del PP también cuestionaron que ahora el Congreso vaya a comenzar a hacer contrataciones «encadenadas» de traductores para que pueda hablarse desde ya en las lenguas cooficiales. Los populares entienden que estos contratos temporales -en el Senado existe un servicio de intérpretes externos o freelance- pueden contravenir la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que requerirán informe del departamento de Intervención de la Cámara.

De estas contrataciones «excepcionales y por razones de urgencia» de traductores en el Congreso, existe como precedente más cercano la efectuada para el discurso del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en abril de 2022, si bien entonces se trató de una lengua «extranjera» y no cooficial española, subraya el PP.