PNV y Podemos quieren obligar a la Policía a ‘pedir permiso’ para intervenir en el País Vasco

La difícil convivencia entre el Gobierno Vasco y las Fuerzas de Seguridad del Estado se aviva en los planes del PNV para la actualización del Estatuto. En el borrador conjunto con Podemos y PSE, los nacionalistas y el partido de Pablo Iglesias proponen limitar la capacidad de la Policía para intervenir en la comunidad.

El nuevo articulado, ante el que los socialistas emiten un voto particular, prescinde de la posibilidad -recogida en el texto actual- de que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad el Estado «en supuestos de especial urgencia y para cumplir con las funciones que directamente les encomienda la Constitución, puedan intervenir bajo la responsabilidad exclusiva del Gobierno, dando éste cuenta a las Cortes generales». El experto designado por el PSOE, Alberto López Basaguren, emite un voto particular en el que propone introducir el inciso.

La propuesta de PNV y Podemos, en cambio, limita la actuación de las Fuerzas de Seguridad de Estado en el «mantenimiento del orden público» en sólo dos supuestos: cuando lo requiera el Gobierno Vasco y, además, «cesando la intervención a instancias del mismo» o bien por propia iniciativa cuando estimen que el interés general del Estado esté gravemente comprometido». Pero en este último supuesto se añade una condición: «Siendo necesaria la aprobación de la Junta de Seguridad», un órgano integrado en número igual por representantes del Estado y de la comunidad autónoma.

A la Junta de Seguridad compete, como principal función, «la coordinación de las políticas de seguridad y de la actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Erzaintza», con el fin de «asegurar la cooperación, auxilio y el intercambio de información en sus respectivos ámbitos». El Gobierno Vasco, se añade en la propuesta de Estatuto, «de acuerdo con el Estado, estará presente en los grupos de trabajo de colaboración con las policías de otros países en que participe el Estado».

«Policía integral»

La iniciativa de PNV, PSOE y Podemos deja claro además que la Ertzaintza ejerce todas las funciones propias de un Cuerpo de policía integral», ocupándose de seguridad ciudadana y orden público, polícia administrativa y judicial, investigación criminal, ciberdelincuencia y terrorismo.

Se trata de un nuevo elemento de tensión en las relaciones con Policía y Guardia Civil. Las Fuerzas de Seguridad del Estado ya expresaron sus críticas hacia la conocida como ‘Ley de abusos policiales’, aprobada con los votos a favor de PNV y PSE y la abstención de Podemos y Bildu, y recurrida por PP y Ciudadanos ante el Constitucional.

Dicha Ley permite declarar como víctimas a quienes aleguen haber sufrido abusos por parte de los cuerpos y fuerzas policiales entre los años 1978 y 1999, contando únicamente con la valoración de una Comisión de perfil político. Es decir, sin necesidad de juicio.

Las asociaciones policiales han criticado abiertamente esta Ley que, destacan, les criminaliza. El propio Gobierno vasco considera, en base a un estudio que presentó en diciembre de 2017, que existirían más de 4.000 denuncias por posibles casos de abusos, en las últimas cuatro décadas. El informe provocó en su día una fuerte reacción por difundir la idea de una «tortura generalizada» en base únicamente a los testimonios de los presuntos torturados, obviando que sólo existieron condenas en una veintena de casos.