‘Pam’ plantea reformar la Constitución para blindar el «derecho» a cambiar de sexo sin control

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, ha planteado una reforma de la Constitución para blindar el «derecho» a la autodeterminación de género, es decir, el cambio de sexo con el único requisito de la mera voluntad de la persona. El asunto se abordó durante el reciente examen a España por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) con el que el organismo de Naciones Unidas evalúa las medidas adoptadas por el Gobierno español para proteger a la mujer.

Durante su intervención ante las expertas del comité, Ángela Rodríguez calificó de «preocupante» el «discurso de odio» que, en su opinión, sufren las personas trans en España. Según la alto cargo de Igualdad, la ley recientemente aprobada, y que permite la modificación registral de sexo a partir de los 12 años, «viene a dar una respuesta, sobre todo, a las infancias trans, que tantas vulneraciones de derechos han sufrido en nuestro país». «Incluso hemos vivido algunos suicidios», relató Rodríguez, ofreciendo así una imagen sombría de la situación de las personas trans en España, que la ley impulsada por Irene Montero vendría a resolver.

En referencia a la Constitución, la secretaria de Estado de Igualdad planteó que existe un «debate abierto» sobre la «posibilidad» de reformar la Carta Magna «incluyendo derechos feministas», como el aborto o «la libre autodeterminación de género». Un debate que, consideró, se producirá «en los próximos años».

Sin control

La Ley Trans, impulsada por el Ministerio de Igualdad, ha provocado la preocupación del colectivo médico al ofrecer a los menores la posibilidad de modificar su mención registral de sexo sin contar con informes médicos o psicológicos ni someterse a un proceso de hormonación u operaciones para modificar el aspecto físico. Entre los 12 y los 14 años, los menores tendrán que contar con la autorización de un juez. Entre los 14 y los 16 sólo será preciso el consentimiento de los padres o tutores legales. En ambos casos, no obstante, si existen discrepancias entre los progenitores y el propio interesado se nombrará un «defensor judicial» que actuará en interés del menor.

El Parlamento Europeo ya expresó recientemente su preocupación por esta ley. La advertencia se recoge en el informe elaborado tras la visita a España, el pasado febrero, de una misión de la Eurocámara que analizó exhaustivamente los efectos de esta norma y de la Ley del sólo sí es sí. Además de advertir sobre los «efectos indeseados» y la «alarma social» que ha creado esta ley, de la que ya se han beneficiado más de 1.000 agresores sexuales, la Eurocámara destaca sus avisos sobre las consecuencias de la Ley Trans en la protección de la mujer.

Ley del sí es sí

Durante su comparecencia ante los expertos del Cedaw, la delegación española escuchó también las críticas a la Ley del sí es sí. En concreto, Nicole Ameline, ex ministra de Igualdad de Francia y miembro de Cedaw, planteó los «desafíos» que aún tiene España en varios ámbitos y llamó la atención sobre el «alivio» a los violadores que ha supuesto la norma promovida por Montero. La experta aseveró que el Senado había tenido que «rectificar» la ley y tachó la reducción de condenas de «completamente contraproducente». «¿Cómo podemos evitar de cara a futuro que esta retroactividad tenga un impacto negativo?», preguntó a los representantes españoles.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, fue la encargada de responder, lanzando ataques a los jueces y tachando de «muy alarmistas» las informaciones sobre la rebaja de condenas. La delegada admitió, asimismo, que durante la elaboración de la norma «se tuvo en cuenta el principio de retroactividad» y que el Gobierno ya preveía que podría conducir a una rebaja de penas. «La parte penal fue minuciosamente estudiada por el equipo de asesores, sobre todo del Ministerio de Justicia», afirmó. Finalmente, explicó, «para evitar el riesgo de revisión», renunciaron a rebajar la pena máxima de 15 años para el delito de violación pese a considerarla «excesiva».