La nueva malversación beneficia a 3 altos cargos de Sánchez imputados por el fraude de las mascarillas

El Gobierno de Pedro Sánchez ya tiene lista su reforma del delito de malversación, escrita a cuatro manos con sus socios independentistas de ERC. El proyecto está diseñado para beneficiar directamente a cerca de cuarenta dirigentes y altos cargos catalanes involucrados en el referéndum ilegal del 1-O. Aunque el Gobierno defienda que no habrá otros imputados o condenados por corrupción que se beneficiarán, lo cierto es que la nueva norma permitirá rebajar penas a otros políticos y funcionarios. Entre ellos, los tres altos cargos del Ministerio de Sanidad denunciados por Vox e investigados por dilapidar 310 millones de euros en material sanitario defectuoso o pagado a precios desorbitados -a casi 3 euros la mascarilla- durante la pandemia.

El director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Alfonso María Jiménez, la directora de Racionalización y Centralización de la Contratación, Paloma Rosado, y la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, son los tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez que el pasado mes de abril tuvieron que presentarse ante un juzgado de Madrid acusados de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos y fraude por la adjudicación de contratos Covid.

Estos delitos están castigados con penas que podrían sumar hasta 14 años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 15 años. Pese a que la Fiscalía trató de cerrar el caso este pasado verano, alegando que las acusaciones se hacían en base a «conjeturas», la titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, reactivó el caso el pasado septiembre. Volvieron a declarar en noviembre y la causa, denunciada por Vox, sigue en marcha.

Fuentes próximas a este caso explican a OKDIARIO que la reformulación del delito de malversación, que busca rebajar penas a aquellos casos en los que no se contemple el lucro personal o a terceros, afecta de lleno a la causa contra estos tres altos cargos.

Malversación

Según explican, de los delitos por los que se les investiga, el de malversación es «el más claro». Probar ante un juez que los tres cometieron un delito de prevaricación al conceder esos 56 contratos de suministro de material -casi todo mascarillas- por una suma superior a los 310 millones será un proceso complejo: hay que demostrar que dieron luz verde a esas compras sabiendo que el material era defectuoso, que las empresas no tenían solvencia o que incluso no iban a llegar a España nunca.

También ocurre lo mismo con el fraude, que se basa en los graves defectos de forma que tienen los contratos y procesos de contratación que se pusieron en marcha esos días para adquirir el material. Sanidad ya ha argumentado que, en pleno estado de alarma y con la pandemia afectando a todo el mundo, se relajaron ciertas normas con el objetivo de acelerar las compras por la urgencia de la crisis.

Sin embargo, la malversación, explican, «parece de libro»: tres altos funcionarios destinaron grandes cantidades de dinero de las arcas públicas a empresas presuntamente «de forma temeraria». Con la nueva reforma, que divide la malversación entre aquella que supone un lucro para el administrador de los fondos públicos o para terceros, los investigados por los contratos del Covid quedarían encuadrados en el escalón más benévolo de la nueva tipificación.

Contratos

La querella presentada por Vox destaca 12 contratos con empresas «que no tienen experiencia previa ni de contratación con la Administración ni del objeto del contrato y no disponen de la infraestructura necesaria para atender unos contratos de las características de los analizados». Esto propició que algunos de los encargos nunca se llegaran a materializar. Es el caso, por ejemplo, de Hyperin Grupo Empresarial, a la que se transfirieron 2,7 millones de euros por adelantado para la compra de 144 respiradores que nunca se recibieron. La empresa, en realidad, se dedicaba a la fabricación de yeso.

Pero esta no es la única compañía cuyo objeto social no se corresponde con las prestaciones objeto del contrato adjudicado por el Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, el Ejecutivo socialista abonó 4,2 millones de euros para el suministro de 700.000 hisopos a una empresa dedicada al asesoramiento legal y 10,6 millones destinados a la adquisición de guantes y mascarillas se pagaron a una empresa relacionada con el comercio de tabaco.

Pero si hay un caso especialmente reseñable entre todos esos expedientes es el de la empresa Hongkong Travis Asia Limited, sociedad desconocida que no figuraba en el listado de firmas entregado por la embajada china a España y a la que se compraron 196,5 millones de euros en material sanitario. Casi todo en mascarillas, a casi 3 euros la unidad, y mediante un contrato de urgencia negociado sin publicidad.

OKDIARIO reveló que otra de las empresas investigadas por estos contratos, la firma de marketing de bebidas alcohólicas FCS Select Products afincada en Cataluña, pasó de facturar anualmente un millón de euros a facturar en 2020 más de 260 millones. Gracias, íntegramente, al contrato que le encargó el Ministerio de Sanidad para traer mascarillas de China. Una vez que finalizó el estado de alarma, la empresa desapareció de internet. Encargó un borrado de su web a una empresa especializada. Además, en 2021 fue sancionada por no presentar las cuentas del año 2020, las de su pelotazo. A día de hoy no tiene actividad y sus propietarios están en paradero desconocido.