Estos son los 12 contratos del Gobierno por 326 millones que Ayuso ha entregado a la Fiscalía

Representantes del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid han presentado este martes una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue los contratos de emergencia adjudicados por el Gobierno de Pedro Sánchez a empresas relacionadas con el PSOE.

En el punto de mira se encuentran al menos 7 sociedades vinculadas al entorno del presidente, así como del ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, y de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que en total habrían recibido más de 326 millones de euros. 

CUMPLIMOS. Denuncia presentada en la Fiscalía anticorrupción. Ahora veremos si la justicia es igual para todos o si el Gobierno usa la Fiscalía para perseguir a los adversarios. 326 millones de euros, 7 empresas, 12 contratos plagados de irregularidades del Gobierno de España. pic.twitter.com/oOhxyS0BL8

— Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) March 10, 2022

En concreto, la denuncia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, se dirige contra «todas aquellas autoridades, funcionarios y particulares que puedan aparecer como responsables de los hechos […] por la presunta comisión de posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y malversación de caudales públicos».

Soluciones de Gestión

Así, en el escrito presentado este mediodía ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se detallan una serie de contratos de emergencia en los que se observan irregularidades. Entre ellos, los adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, que recibió, a través de tres contratos de emergencia, más de 40 millones del erario público por el suministro de material sanitario.

Esta compañía, sin embargo, «ofrece servicios de desarrollo y asesoramiento técnico en actividades internacionales principalmente de energía, agua e infraestructuras agrícolas, y opera principalmente en países africanos como Angola, Guinea Ecuatorial, Mauritania o Túnez», según puede leerse en la denuncia. Por ello, «no parece que su actividad social tenga directa relación con el objeto del contrato, ni que tampoco pudiera tener actividad relevante en China , para poder ser un suministrador referente de mascarillas adquiridas en dicho mercado».

Sorprende, asimismo, que el importe de la cifra de negocio de esta empresa fue de 0 euros en 2019, frente a los 53,13 millones que obtuvo en 2020 «como consecuencia de las adjudicaciones públicas directas relacionadas por el COVID-19».

FCS Select Products

También entre las empresas en el punto de mira figura FCS Select Products SL, que recibió por parte de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad, cuatro contratos por valor de 263.126.600 euros para el suministro, fundamentalmente, de mascarillas quirúrgicas o de protección. Esta sociedad «ofrece servicios de fabricación de productos de artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas. Por lo tanto, no parece que su actividad social tenga directa relación con el objeto del contrato», se indica en la denuncia.

La administradora de la empresa, Mayra Dagá Castillo fue condenada en el año 2016 por un delito de estafa agravada, por su participación en una trama delictiva dedicada a la compra y posterior vaciamiento con problemas financieros. Así se hace constar en la denuncia, en la que se indica que «tales precedentes son relevantes ya que hay que recordar que el delito de estafa tiene como elemento principal la existencia de engaño, lo que podría suponer un gran riesgo especialmente en la adjudicación de contratos de forma directa, sin publicidad ni concurrencia y por el trámite de emergencia».

A pesar de ello, la empresa FCS Select Products ha resultado adjudicataria de 4 contratos por un valor superior a los 260 millones de euros, un hecho que en la denuncia se vincula a «la relación de amistad de los administradores de la sociedad con el entonces Ministro de Sanidad, el Sr. Illa».

Weihai Textile Group

También en la lista consta la empresa Weihai Textile Group, que recibió un contrato por valor de 10.192.606 euros por el suministro de 500.000 batas desechables. «El precio de las batas ofrecido por la empresa fue de 18,50 dólares la unidad (16,7 euros aproximadamente, según el tipo de cambio de aquellas fechas), lo cual representaba un coste mucho mayor del que en esas mismas fechas ofrecieron otros proveedores». En concreto, según se indica en la denuncia, el precio por cada unidad suponía un precio entre 52 y 60 veces superior a los precios de mercado entonces existentes y pagados por la propia entidad contratante con otros proveedores.

Hyperin 

La empresa Hyperin Grupo Empresarial recibió un contrato de 3.310.000 euros para la adquisición de 144 Dispositivos de Ventilación Mecánica Invasiva. No obstante, el objeto social de esta compañía es «la fabricación de yesos para la construcción». Por ello, no sorprende que la compañía comunicara apenas unos días después de recibir la totalidad del importe del contrato «que no le era posible el suministro de los dispositivos de ventilación acordados en el contrato, planteando una posible alternativa» que, al no cumplir los requisitos sanitarios exigidos, provocó que el contrato se diera por extinguido. Pese a ello, la administración no ha recuperado, a pesar de haber transcurrido dos años, el importe total del dinero adelantado.

Members of the Tribe 

También figura en la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción la empresa Members of the Tribe SLU, que recibió dos contratos por importe de 9.444.000 euros, ambos por el suministro de guantes de nitrilo.

Esta compañía, cuyo objeto social es el diseño, fabricación y comercialización de prendas de vestir y accesorios, recibió 0,10 euros por cada unidad de guantes, lo que «representa un sobrecoste de entre el 25% y el 500%» en comparación con lo que en esas mismas fechas ofrecieron otros proveedores que resultaron adjudicatarios de contratos similares.

Por si fuera poco, y según consta en la denuncia, Sanidad adelantó 1.669.200 euros a Members of the Tribe, el 30% del primer contrato. Sin embargo, «la compañía incumplió el plazo de 10 días de entrega que se establecía en las condiciones» del primero de los contratos, por lo que éste se resolvió y se suspendió el segundo. Sin embargo, «la administración no ha recuperado todavía, a pesar de haber transcurrido dos años, el importe de 1.669.200 euros que fue adelantado, con el consiguiente perjuicio patrimonial para la Administración».

Beedigital

Completa la lista Beedigital, que recibió un total de 532.400 euros por un contrato de servicios de gestión de la imagen digital y de la reputación online de la Seguridad Social. La adjudicación corrió a cargo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que, entre tres ofertas, alzó ganadora la de Beedigital, incluso a pesar de que entonces tenía una deuda con la Seguridad Social de 421.000 euros.

Casualmente, de esta sociedad es director de marketing el marido de la ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño, Ignacio Manrique de Lara, quien ahora gestiona el cobro de un paquete de fondos europeos que reparte su esposa desde el Ejecutivo.

Playbol

Por último, también en tela de juicio los negocios de Pedro Sánchez, que otorgó 701.741,22 euros en once ayudas públicas a Industrias Plásticas Playbol SL, la empresa que gestiona la fábrica de plásticos de sus propios padres. Unas ayudas que fueron adjudicadas desde los Ministerios de Economía e Industria con el siguiente objeto: «Paliar los efectos del COVID-19». Gran parte de ellas, otorgadas entre 2018 y 2021, fueron dadas durante la etapa más dura de la pandemia.